Desde su creación en el 2017 a la fecha, la Ceave ha identificado a un total de 373 personas que han sido víctimas de algún delito, como son: homicidio, amenazas, despojo, lesiones, robo, privación ilegal de la libertad, fraude, desaparición forzada y daños, quienes se encuentran en situación de “desplazamiento forzado”.
Asimismo en el documento señalan que 287 cuentan con el reconocimiento de calidad de “víctima”, mientras que 86 personas declararon no ser afectados de algún delito, pero sí haber salido de su localidad por el contexto de violencia generalizado y sentir temor de que algo les sucediera. En este sentido la Comisión se encuentra en análisis para conceder el reconocimiento de víctima.
Además manifestaron que se ha logrado atender a partir del 2018 y hasta finales del 2019, a los 373 chihuahuenses que han referido estar en condición de desplazamiento forzado, en cuanto a ayuda médica, psicología y asistencial de manera emergente.
Los registros de las personas desplazadas señala que son de las poblaciones de Guadalupe y Calvo (61 por ciento), Uruachi (14 por ciento), Saucillo (10 por ciento), Balleza (7 por ciento), estado de Durango (6 por ciento), Cuauhtémoc (1 por ciento) y Madera (1 por ciento), la mayor parte de los afectados que atiende o ha atendido la Comisión Ejecutiva, pertenecen a municipios de la región de la Sierra Tarahumara.
A estos se sumarían 80 personas de un grupo familiar de 102 integrantes, por los cuales la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió la Recomendación 94/2019, al gobernador Javier Corral Jurado y a la directora general de la Asesoría Jurídica Federal Encargada de Despacho en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Ana Pamela Romero Guerra, para apoyarlos.
Esta recomendación también fue dirigida al Fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, y a los presidentes municipales de los Ayuntamientos de Saucillo y Delicias, Manuela Aidé López de Anda y Eliseo Compeán Fernández, respectivamente.
Lo anterior debido a que las personas desplazadas son originarios de los municipios de Saucillo, Delicias y La Cruz, a quienes les violaron sus derechos de acceso a la justicia y a la verdad por inadecuada procuración de justicia, atribuible a personal ministerial de la Fiscalía General.