De acuerdo con el agente de comunicaciones estratégicas, Carlos Rivera, de los mil 560 encuentros diarios que se realizaron en promedio desde el 1 de septiembre, 650 fueron de venezolanos, lo que significa que de los aproximadamente 46 mil 800 cruces en todo el mes, 19 mil 500 fueron de personas de dicha nacionalidad.
Según los testimonios de los propios venezolanos, después de huir principalmente de la dictadura de su Gobierno y viajar por hasta dos meses, eligieron cruzar por esta frontera debido a que “es más segura que otras ciudades mexicanas” y les permite un cruce más fácil a Estados Unidos, ya que el río Bravo/Grande que separa a ambos países está casi seco.
En Estados Unidos ellos no son candidatos a la política sanitaria de expulsión del Título 42, a través de la cual la mayoría de las nacionalidades son devueltas al país por el que cruzaron o directamente a su país de origen, con el argumento de que significan un “grave riesgo” para la propagación del Covid-19.
La mayoría de ellos ha viajado desde Chiapas u Oaxaca en avión o camión de pasajeros, con un “salvoconducto” llamado Forma Migratoria Múltiple (FMM) con la cual pueden circular por el país entre siete y 15 días.
Al llegar a esta ciudad, la mayoría va directamente al río internacional para cruzar la frontera en busca de asilo en Estados Unidos.
“Lo más difícil ha sido la caminata, acá en México también nos robaron, nos quitaron la mochila; a él (a su hijo) lo cortaron por aquí y por acá”, narró Joel Guevara, de 38 años de edad, quien arribó junto a su hijo Luis Ángel, de 14 años, el 11 de septiembre.
Debido a que ellos no tenían dinero para pagar un asiento en un camión o en un avión, tuvieron que caminar por días, viajar en el tren o pedir ‘ride’ hasta llegar a Ciudad Juárez.
Uno de los lapsos más difíciles es cruzar la selva del Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, por donde tienen que caminar días y algunos mueren, han asegurado.
Ayer grupos de migrantes, principalmente de origen venezolano, continuaron cruzando el río para luego caminar junto al muro fronterizo hasta llegar al puesto de operaciones de la Patrulla Fronteriza, instalado cerca del puente ferroviario conocido como “Puente Negro”.
Con maletas, mochilas, hijos pequeños de la mano, en los brazos o sentados sobre su cuello, los sudamericanos gritaban emocionados “Venezuela, Venezuela”, al darse cuenta de que finalmente habían llegado a Estados Unidos.
De acuerdo con estadísticas oficiales, en enero fueron 44 los venezolanos que cruzaron la frontera por el río Bravo/Grande, el desierto o el muro fronterizo a través del Sector El Paso; en febrero fueron 52, en marzo la cifra fue de 63, en abril se contabilizaron 59, en mayo sumaron 71, en junio comenzó un ligero crecimiento con 229 en todo el mes, dos de los cuales fueron expulsados; durante todo julio fueron 611 los que ingresaron al Sector El Paso, seis de los cuales fueron expulsados; y en agosto la cifra ascendió a 3 mil 533 cruces.
Ayer también se observó el cruce de oriundos de otros países como Cuba, Honduras y Ecuador, aunque en una minoría. Y según las autoridades estadounidenses, durante septiembre aumentó también la cifra de personas provenientes de Nicaragua.
Grupo Beta de Ciudad Juárez, perteneciente al Instituto Nacional de Migración (INM), “han registrado un aumento en el arribo de personas originarias de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Turquía, las cuales cruzan el río Bravo con la intención de entregarse a la autoridad de los Estados Unidos de América”, informó ayer el Gobierno mexicano.
Tras su reunión con la jefa de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso, Gloria Chávez, “con el objetivo de establecer coordinación en las operaciones en el combate al tráfico de personas en la frontera norte de México”, el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, informó ayer que “habrá de mantener una permanente coordinación con representantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, a fin de revisar y aplicar las estrategias que permitan –en el ámbito de las responsabilidades de ley de cada país– hacer frente al tráfico personas en esta franja fronteriza”.