Lo anterior al explicar que así lo define el documento llamado “Principios Relativos a Una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias Adopción” emitido por el Consejo Económico y Social de la ONU en la resolución número 1989/65, el 24 de mayo de 1989.
“No debemos olvidar el muy triste suceso del 8 de septiembre de 2020 en la ciudad de Delicias, en el cual Jessica Silva y su esposo, Jaime Torres, circulaban en su auto cuando miembros de la Guardia Nacional abrieron fuego en su contra”. Estos hechos ocurrieron después de que ambos participaron en una protesta en la presa La Boquilla para defender y exigir su derecho al agua.
«Torres, que cultiva nogales y alfalfa, resultó herido de gravedad, mientras que Silva, ama de casa y trabajadora agrícola de 35 años, con dos hijos y una hija adolescente, murió en el acto”, citó el litigante.
El 27 de octubre de ese año, la Guardia Nacional admitió haber encontrado elementos que podrían suponer la culpabilidad de algunos de sus miembros y la Fiscalía General de la República (FGR) comunicó haber aprehendido a seis elementos por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, reseñó Vidaña.
Y nuevamente la sociedad se ve trastocada –dijo- ante la aparente ejecución extrajudicial de dos jóvenes que iban en un vehículo pero que no se les encontró ninguna arma de fuego con la que hubiesen podido amenazar la vida de los elementos de la Guardia Nacional, siendo abatidos por disparos de cuando menos cuatro o cinco efectivos. Vidaña abundó que ahora tocará a la FGR determinar si hubo o no exceso en el uso de la fuerza pública, si fue homicidio doloso, pero tal como lo señaló la organización no gubernamental Mexico Unido contra la Delincuencia: “…el uso de las Fuerzas Armadas no se ha traducido en reducir los niveles de violencia y lograr la pacificación del país, pero sí ha costado la vida, la libertad y la integridad de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y detenciones arbitrarias.
“Las víctimas y sus familiares no solamente sufren por los actos criminales, sino que también se enfrentan a un sistema de justicia que no ha sido capaz de dar respuesta a sus exigencias de verdad, justicia y reparación”.
Por último –abundó el litigante-, hay que hacer saber a las familias de los dos jóvenes acribillados que si no encuentran el respaldo de las autoridades o un sentido de justicia pueden acudir al Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales Morris Tidball-binz, quien fue designado Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias el 1 de abril de 2021; es doctor en medicina y está especializado en ciencias forenses, derechos humanos y acción humanitaria, y su nombramiento fue por la oficina del Alto Comisionado en las Naciones Unidas y la forma de contactarlo es mediante un procedimiento especial a través del sitio web https://spsubmission.ohchr.org/.