Luego de atravesar arenales y piedras, las brechas conducen al camino que utilizan los empleados del gasoducto Samalayuca-Sásabe del Grupo Carso y que termina justo en el kilómetro 4 de la carretera a Janos.
Este punto se encuentra a muy corta distancia del puerto fronterizo Jerónimo-Santa Teresa, zona limítrofe entre México y Estados Unidos, el cual también conecta a la colonia Anapra, por donde cruzan a los extranjeros y connacionales de manera indocumentada.
“Estas rutas son utilizadas por tres bandas, las que trafican personas, drogas y ganado”, explicó el presidente ejidal, que solicitó mayor presencia del Ejército Mexicano en esta zona.
Este trayecto, que los “polleros” abrieron entre rancherías y reservas naturales protegidas situadas a las faldas de la sierra de Samalayuca, fue mostrado a El Diario por el presidente seccional que semanas atrás se dijo sorprendido ante el hallazgo de los cadáveres de dos mujeres de nacionalidad hondureña, abandonados el mes de junio en esta zona rural.
El primer cuerpo quedó cerca del retén militar y el otro, que presentó avanzado estado de descomposición, fue localizado en el desierto de Jerónimo, en esta zona ejidal.
Las muertes de las dos mujeres, Olga Marina Trochez Pérez, de 43 años; y otra sólo identificada como “Rosa”, alertó al funcionario municipal sobre los posibles caminos que los “polleros” están utilizando para evadir la vigilancia militar y transportar migrantes extranjeros, por lo que empezó a recabar información, la cual será hecha llegar a la Fiscalía General de la República, aseguró.
“Lo que no queremos es que haya más muertes y eso se puede evitar con más vigilancia”, urgió Meléndez.
La causa de muerte de ambas extranjeras fue un infarto agudo al miocardio, posiblemente consecutivo a un golpe de calor por la exposición a altas temperaturas, según el resultado de las necropsias practicadas por médicos forenses de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Aunque Meléndez ignora que lugareños estén involucradas con los grupos delictivos responsables del tráfico de seres humanos, dijo que no solaparán actividades ilícitas.
“Hemos advertido a los ejidatarios y rancheros que no nieguen la ayuda humanitaria, no pueden negar agua, comida o un espacio para que descansen los migrantes que han llegado caminando a sus propiedades, pero lo que no pueden hacer es lucrar con esas personas, eso es delito”, expuso.
La ruta
Una vaquilla casi disecada y sostenida por un tablón de madera que se observa a la altura del kilómetro 303 de la carretera federal Juárez-México parece marcar el inicio de la brecha al Ejido El Vergel.
La propiedad privada es protegida por un portal metálico atado solamente con unos alambres. El camino es arenoso, lo que complica su tránsito y obliga que el recorrido sea a pie al menos unos seis kilómetros.
“Es la zona de los médanos. Son aproximadamente seis kilómetros hasta llegar a las primeras propiedades”, dijo Meléndez.
En el área los propietarios han reportado la presencia de ciudadanos extranjeros, principalmente centroamericanos, que llegan caminando en condiciones de deshidratación.
Aquí, explicó el ejidatario, la temperatura ambiente puede superar los 40 grados Centígrados (104 Fahrenheit) y la fauna del desierto que puede ser mortal.
Del Vergel caminan hacia esta parte porque el suelo es arenoso. “Si aquí es complicado, en la zona de los médanos es casi imposible”, explicó Meléndez en lo alto de una pequeña colina ubicada frente a la vieja mina de cobre y que dejó de operar hace varias décadas.
Los trabajadores de las rancherías han observado a personas armadas que llegan en vehículos tipo pickup de reciente modelo en los que suben a los migrantes extranjeros para transportarlos hacia la carretera conocida como a Casas Grandes.
Incluso, han reportado movimiento de “halcones”, que vigilan la agreste área rural.
En esta zona las gobernadoras, mezquites y chamizos muestran un distinto verdor que opaca la cálida arena.
Y mientras en Juárez aumenta el número de migrantes extranjeros que intenta burlar la Guardia Nacional apostada en la zona limítrofe fronteriza y los albergues –muchos de ellos improvisados– operan a su máxima capacidad, la comunidad de Samalayuca se enfrenta de otra manera al fenómeno migratorio, lo que preocupa a sus autoridades.
“No queremos muertes en el desierto, no pueden morir más personas que buscan una mejor calidad de vida y transitan por aquí”, expuso el presidente seccional.
Sin vigilancia
Aunque estos ejidos pertenecen al municipio de Juárez, la Policía Municipal no patrulla por lo complejo del terreno, explicó Meléndez, quien planteó que esta zona debe ser vigilada de manera permanente por el Ejército.
“Aquí hay varios caminos, uno de ellos se conoce como Ojo de la Punta y todos llegan al ‘puerto’, que es el acceso ubicado en el kilómetro 4 de la carretera a Casas Grandes. Ahí bajan y continúan la ruta hasta el puente internacional”, explicó.
Esta ruta atraviesa rancherías y predios particulares y su ubicación geográfica es detrás de la sierra, por lo que su tránsito es invisible para la Policía Federal que patrulla sobre la carretera Panamericana.
Eso precisamente es lo preciado de esta ruta, evade el retén militar y ante la nula presencia policiaca “todo pasa”.
“Estas propiedades son parte del ejido Ojo de la Casa, sin embargo, todo tiene dominio pleno, ya son de particulares. El ejército puede patrullar sin problema por los caminos de terracería que son públicos, pero no sé por qué no lo hacen y en la noche menos hay seguridad”, mencionó Meléndez.
El egresado de la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar explicó que la parte situada frente a la vieja mina de cobre, desde donde se observan las rancherías, los vehículos ya pueden transitar para trasladarse hacia el puerto fronterizo. Justo ahí empieza la brecha que pasa por la zona natural protegida por los petrograbados y se llega al ejido Ojo de la Punta.
El camino se abre hasta llegar a la terracería que facilita el traslado de los empleados del grupo Carso y llega a la carretera a Janos.
“Precos lo burlan fácilmente”, resumió Melendez.
Apoya la ayuda humanitaria
El presidente seccional de Samalayuca aseguró que está orientado a los residentes de la región para que proporcionen ayuda humanitaria a los migrantes.
“Eso es algo correcto, hay que proporcionarles agua, alimentos, un lugar dónde se resguarden y eso es totalmente permitido, lo único que es delito es cobrar por transportar personas de un lado a otro. Les estamos pidiendo que sean humanitarios, pero que no se lucre con ellos”, urgió. Aseguró que esta información la turnará a las autoridades migratorias y que ellas hagan lo que es conducente.
“Es muy peligroso transitar por aquí, puede ser mortal para alguien que no está acostumbrado a esta zona desértica que registra altas temperaturas. De lo que se trata es de salvar vidas porque ya murieron dos mujeres y por eso estamos dando parte a las autoridades porque queremos salvar vidas”, dijo. (Staff / El Diario)