El Consejo General aprobó suspender todas las actividades o trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos del Instituto para la implementación de la reforma electoral, así como el plan de trabajo y cronograma.
Esto ante la decisión del Ministro Javier Laynez de suspender la aplicación del «Plan B».
Durante la sesión, el morenista criticó la decisión y aseguró que se intenta frenar la primera reforma electoral «del pueblo».
«Quise traer esta representación gráfica con billetes didácticos porque son los privilegios que se defienden en este consejo.
«Por eso se defienden con uñas y dientes para conservar estos privilegios, esto es lo que les interesa, el dinero. Confiamos que el resto de los ministros y ministras actúen dentro de las atribuciones que les corresponden, sin traspasar los límites que les impone la Constitución», dijo.
En respuesta, el representante del PRD, Ángel Ávila, le recordó que Morena representa a quienes votaron por ellos, pero no al pueblo de México, porque una gran mayoría está en contra de su partido.
«Felicitarlo, porque veo que las contribuciones históricas al movimiento han dado fruto, me imagino que el dinero que tiene en la mesa es parte de lo que Rocío Nahle y su compadre se han ganado en la Refinería, o de los 15 mil millones que se han robado en Segalmex o una parte de lo recabado por Pío López Obrador.
«Le recuerdo que usted no es el ‘rey del cash’, porque rey sólo hay uno y vive en un Palacio. Y lo felicito porque las contribuciones siguen llegando a Morena a manos llenas», le soltó.
Su homólogo del PAN, Víctor Hugo Sondón, le advirtió que podría estar cayendo en un delito, pues «falsificó» dinero, lo cual está tipificado en la ley con 12 años de presión.
«En una de esas por hacerse el chistosito puede tener un problema de tipo legal, señor diputado. Tenemos claro que ese efectivo lo han tenido muchos en su partido, no tendría por qué falsificarlo, sólo se lo hubiera pedido al ‘rey del cash'», indicó.
Ambos afirmaron que la reforma electoral será revertida por la mayoría en la Suprema Corte, pues, acusaron, un documento plagado de inconstitucionalidades no podría sobrevivir.
En respuesta, Llergo los calificó de «corifeos» y les aseguró que están dolidos por la transformación del País, cuando ellos representan al conservadurismo más rancio, incluso les recordó a Genero García Luna.
Los consejeros no se metieron a esa discusión, y Córdova, quien lució serio, sin los sarcasmos a los que suele recurrir cuando lo enfrentan los morenistas, no hizo referencia al dinero, ni volteó a verlo cuando salió del salón.
Aclaran alcance de suspensión
Los consejeros aclararon que la suspensión de los trabajos del Comité creado para implementar la reforma, será hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva el fondo.
Los consejeros votarían ayer los lineamientos para diseñar la reestructuración del organismo electoral, luego de que la reforma electoral ordenaba su compactación.
Los proyectos salieron del orden del día del Consejo, y en su lugar aprobó un acuerdo para oficializar que el organismo seguirá operando con la legislación previa al «Plan B», hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva el fondo del asunto.
«Las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, así como los órganos desconcentrados locales y distritales del Instituto, deberán aplicar en el ejercicio de sus funciones las disposiciones vigentes hasta antes de la publicación del Decreto (del Plan B)», indica el resolutivo aprobado será votado por el Consejo.
El Comité para implementar la reforma había establecido que del 17 de marzo al 31 de octubre, el INE se dedicaría a crear lineamientos para realizar la reestructuración, reformar los instrumentos normativos y administrativos para acoplarlos a la reforma y calcular el costo que implicaría la reestructuración orgánica y ocupacional del Instituto, por lo que la aplicación del «Plan B» se realizaría hasta noviembre.
«Se trata de una resolución que pone en pausa, mientras dure la suspensión, las actividades de instrumentación de la reforma», argumentó Córdova.
Sin embargo, el Comité Técnico deberá continuar con el análisis de impacto normativo de la reforma a la Ley General de Comunicación Social, que también forma parte del «Plan B», esto debido a un ministro de la SCJN únicamente determinó su suspensión en el Estado de México y Coahuila.
Por ello, se deberá adecuar la normatividad sobre propaganda gubernamental, comunicación social, equidad e imparcialidad en los procesos electorales.
Con la nueva normatividad, se permite que los funcionarios públicos emitan su opinión sobre temas electorales, justo en un proceso de elección, y se establecen reglas para la contratación de propaganda gubernamental.
Las nuevas disposiciones deberán estar listas antes del arranque del proceso electoral federal, en septiembre.
«Habrá que decirlo bien: todavía no tenemos certeza del sentido en que habrán de resolver los ministros, y como institución debemos cumplir con las obligaciones generadas por el Poder Judicial que en este momento da garantía que sigamos operando con las leyes y marco normativo antes del llamado ‘Plan B'», indicó la consejera Carla Humphrey.