El Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jorge Arganis, expidió una Directriz de Emergencia, que estará vigente por seis meses, para que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) fije los precios máximos en servicio de carga, así como una metodología para regular tarifas de interconexión.
La decisión es idéntica a la que adoptó el Gobierno en 2021 para fijar precios máximos del gas LP, aunque -en ese caso- el periodo de emergencia de un año terminó en julio, pero el tope ya se estableció de manera indefinida.
«La SICT emite la presente directriz con la finalidad de velar por el bienestar de las familias mexicanas, ante el impacto sufrido por los altos costos de las tarifas del transporte ferroviario de productos de canasta básica, bienes y mercancías que es trasladado a los precios que pagan por estos, lo cual ha fomentado el desarrollo de una actividad del sector ferroviario alejado de un ambiente propicio», explica el acuerdo.
«Es evidente que la problemática descrita en este documento cobra una dimensión de seguridad nacional, al tratarse de costos que se trasladan a la economía y el bienestar de las familias mexicanas, y existir un descontrol que provoca condiciones que atentan contra el desarrollo de los ciudadanos de manera directa o indirecta», agrega.
Según el Gobierno, existen prácticas monopólicas de las empresas del sector, como la discriminación de usuarios al impedir el acceso al servicio mediante tarifas excesivas y la restricción de la oferta a usuarios pequeños por su volumen de carga.
Se pone como ejemplo el precio de la tortilla, que sería hasta un peso más caro por kilo, debido a los costos de transporte del maíz y el «poder monopólico» de algunas empresas ferroviarias.
Según la SICT, «dos concesionarias» a los que no menciona por nombre, mueven el 99 por ciento de la carga, tienen exclusividad sobre 88 por ciento de las vías, y las tarifas máximas actuales están hasta 83 por ciento por encima de la inflación.
Las principales empresas son Ferromex y Kansas City Southern. En agosto de 2021, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) informó que ambas concentran 71 por ciento de la red ferroviaria y mueven hasta 82 por ciento de la carga.
Cofece ha declarado ausencia de condiciones efectivas de competencia en algunas rutas ferroviarias, pero para productos químicos, no de la canasta básica.
La declaratoria de Cofece es un requisito de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para que la ARTF pueda regular las tarifas.
La SICT había publicado desde abril pasado el proyecto para esta Directriz, que de inmediato fue rechazada por la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), que sostuvo que las tarifas en México se han reducido 20 por ciento en términos reales desde que iniciaron las concesiones a empresas privadas, y están entre las más bajas del mundo.
«Es impreciso que el precio del kilo de tortilla es un peso más caro para la población, debido a los elevados costos y restricciones en el transporte de maíz. Lo cierto es que el ferrocarril transporta volúmenes pequeños, en comparación con el autotransporte, de productos de la canasta básica», afirmó la AMF.
«En el caso de la tortilla, el autotransporte de carga moviliza ocho veces más toneladas de maíz blanco, que el ferrocarril. Más aún, el flete ferroviario sólo representa 30 centavos de un kilo de tortilla de veinte pesos, cuyo precio se ve afectado por otros factores como el costo internacional del grano, fletes marítimos, renta de tolvas ferroviarias, tipo de cambio, entre otros», agregó.