Patrick Crusius “ha sido diagnosticado con discapacidades neurológicas y mentales severas de por vida” y fue tratado con medicamentos antipsicóticos luego de su arresto momentos después de la masacre en El Paso, escribieron sus abogados en una presentación judicial.
El tiroteo dejó decenas de heridos y finalmente mató a 23 personas. Poco después, dicen los abogados de Crusius, el personal de salud mental de la cárcel descubrió que el joven de 21 años se encontraba en un “estado psicótico”.
Las condiciones de salud mental de Crusius, que no se han informado previamente, fueron reveladas en una solicitud de sus abogados por más tiempo para investigar estos “temas atenuantes” debido a la pandemia de coronavirus.
El expediente judicial también indica que Crusius recibió educación especial durante gran parte de sus estudios, pero no da detalles sobre su salud mental. Un abogado de su familia, Christopher Ayres, declinó hacer comentarios.
Crusius fue arrestado poco después del tiroteo del 3 de agosto.
Más tarde, la Policía dijo que confesó haber conducido a la ciudad fronteriza desde su casa cerca de Dallas para atacar a los mexicanos. Poco antes del ataque, publicó una declaración racista en línea que criticó a los hispanos que vienen a Estados Unidos, según los fiscales.
Crusius se declaró inocente en un caso estatal en el que los fiscales buscan la pena de muerte, pero no se ha declarado culpable de los numerosos delitos de odio y cargos de armas que enfrenta en un tribunal federal. No se ha establecido una fecha de juicio en ninguno de ambos casos.
La condena por los cargos federales también podría venir con una sentencia de muerte, y los abogados de Crusius dijeron en su declaración judicial del sábado que los fiscales dijeron que procederán con una decisión sobre qué sentencia buscar antes del 30 de julio.
David Lane, un abogado defensor con sede en Colorado, escribió que este cronograma violaría los derechos constitucionales de Crusius porque el virus ha estancado su investigación de asuntos que el Gobierno debe considerar.
Lane, que tiene más de 65 años, dijo que las preocupaciones de seguridad han impedido que el equipo de defensa haga entrevistas en persona desde mediados de marzo, incluso con Crusius, quien está encarcelado sin derecho a fianza. Le pidió al juez que programara una discusión sobre estos temas para octubre.
Los fiscales federales se oponen a la solicitud y han dicho que el fiscal general decidirá si solicitará la pena de muerte. No responden de inmediato a una solicitud de comentarios.
Lane declinó hacer comentarios y dijo que “la moción habla por sí misma”.