El 67 por ciento de las personas con órdenes de deportación emitidas por ICE provienen de cuatro países de América Latina: Honduras, con 261 mil 651; Guatemala con 253 mil 413, México con 252 mil 044 y El Salvador con 203 mil 822, países con distintos problemas económicos y sociales, señaló el abogado de Quiroga Law Office, a casi tres semanas de la llegada del republicano Donald Trump a la Presidencia.
Dijo que “es preocupante que, de un total de 1.4 millones de personas con órdenes de deportación, una porción tan grande provenga de países ubicados en América Latina. Estas cifras podrían reflejar una política de inmigración más dura, especialmente dirigida hacia aquellos provenientes de Centroamérica”.
Con más de 250 mil órdenes de deportación, México es uno de los países más afectados por la política de inmigración estadounidense, mientras que uno de los factores que agravan la situación de los migrantes es el temor a la persecución y violencia en sus lugares de origen.
“La situación de México es compleja, ya que muchos de estos migrantes son de comunidades vulnerables que no siempre tienen la posibilidad de regresar a sus lugares de origen con seguridad”, indicó el abogado, quien destacó también que, a pesar de los acuerdos bilaterales entre ambos países, las políticas de Trump podrían agudizar aún más la presión sobre México.
No todas las expulsiones se pueden llevar a cabo
Explicó que si bien ICE tiene la autoridad para deportar a los no ciudadanos estadounidenses que estén sujetos a órdenes finales de expulsión, existen limitaciones y obstáculos en la implementación de estas acciones, ya que según el Título 8 del Código de los Estados Unidos las expulsiones sólo se pueden realizar con base en órdenes emitidas por un juez de inmigración u otras figuras legales.
Y no todas las personas en esas condiciones pueden ser expulsadas de inmediato, ya que existen diversos factores que pueden retrasar o incluso impedir la deportación, como apelaciones legales, condiciones de salud, o temor a ser perseguidos en sus países de origen.
“Una de las complicaciones más grandes que enfrenta ICE es la falta de recursos y la creciente presión para ejecutar deportaciones en un plazo corto”, apuntó el abogado.
Las órdenes de deportación están basadas en fallos legales de jueces de inmigración, mientras que las políticas de la administración Trump buscan acelerar su ejecución, lo que podría generar un éxodo forzado aún mayor de personas hacia otros países de la región.
“El alto porcentaje de órdenes de deportación que involucran a países como Honduras, Guatemala, México y El Salvador resalta la necesidad urgente de una reforma migratoria integral que aborde tanto las causas subyacentes de la migración como los procesos de deportación”, indicó el abogado de inmigración.
Un reto para los afectados
Además, “la intensificación de las deportaciones podría generar un nuevo reto para los países afectados, ya que tendrían que lidiar con el regreso de miles de deportados en un corto período. Si bien algunos gobiernos han tomado medidas para facilitar la reintegración de los deportados, la infraestructura disponible sigue siendo insuficiente para atender a la creciente cantidad de personas que retornan a situaciones de pobreza extrema y violencia”.
En medio de este contexto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció la publicación de la regla final para la Aplicación de Ciertas Prohibiciones Obligatorias en las Evaluaciones de Miedo, con la que los oficiales de asilo podrán aplicar prohibiciones obligatorias relacionadas con la seguridad nacional y pública durante las evaluaciones iniciales de miedo creíble y miedo razonable, reduciendo significativamente los tiempos de respuesta y reforzando la seguridad del país, explicó.
Dijo que esta regla permitiría expulsar con mayor rapidez a quienes tengan condenas por delitos particularmente graves tanto dentro como fuera de los Estados Unidos o que hayan estado vinculados a actividades de terrorismo o seguridad nacional.