En el acuerdo de emplazamiento con fecha del 15 de enero de 2019, la dependencia federal les notificó que abrió un proceso administrativo en su contra por supuestas omisiones en las que pudieron incurrir al permitir la deforestación.
“Al iniciar el recorrido de campo en la Comunidad Bawinocachi, Municipio de Bocoyna, Chihuahua, se observa (…) que se realizaron y están realizando actividades de explotación y/o aprovechamiento de recursos forestales maderables consistentes en el derribo y troceo de arbolado de pino en trozas de madera en rollo de pino por parte de personas de las cuales, el visitado, manifiesta desconocer su identidad y son ajenos a la comunidad”
La carretera que lleva a Bawinocachi parece un campo de batalla olvidado. A la orilla del camino se asoman varios bolillos de madera tirados e incontables coronas de pinos reducidos a ramas secas, consumidas por los incendios que provocan los “talamontes” cuando terminan su trabajo.
El cuadro se repite en los accesos al Ejido Panalachi y a los alrededores de Sisoguichi y San Juanito, comunidades en donde hace dos semanas fueron asegurados nueve aserraderos clandestinos en un operativo de la Fiscalía Zona Occidente.
La situación no es nueva. Los habitantes de esas comunidades coinciden en que siempre han talado ilegalmente su bosque, pero, hace un año, la situación empeoró por la disputa entre grupos del crimen organizado para controlar la tala ilegal.
Formalmente, las denuncias iniciaron en marzo de 2018 sin que las autoridades tomaran cartas en el asunto. Entre mayo y agosto del mismo año se reportaron varios enfrentamientos y quema de camiones troceros en el mismo municipio.
El 8 de noviembre, más de 10 organizaciones civiles de Chihuahua y varias partes del país se unieron para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno poner un alto a la explotación clandestina de la Sierra Tarahumara. A la fecha, no han obtenido una solución.
“Las autoridades tienen pleno conocimiento de los hechos delictivos, incluso por reciente visita realizada a la comunidad, habiendo desplegado algunas acciones, sobre todo gobierno del Estado, como operativos y acompañamiento a la comunidad, pero no han sido efectivas para inhibir la acción de los talamontes y garantizar seguridad en la comunidad”.
La resolución de Profepa se da como respuesta a la última denuncia que los afectados, con apoyo de la Red de Defensa de la Tarahumara, presentaron el 29 de octubre de 2018.
Únicamente en Bawinocachi, el acta inspección de la dependencia federal contabiliza 5 mil 669 tocones de arbolado de pino que, por su color y aspecto, fueron cortados hace no más de ocho meses.
Debido a la altura de los pinos -de entre 10 y 15 metros- se terminó que el aprovechamiento de volumen fue de 3 mil 424 metros cúbicos de pino.
Reparar el daño, un trabajo para los rarámuri
Sin abordar el riesgo que representan los incendios para la comunidad rarámuri afectada por la tala clandestina, Profepa enumeró varios daños al medio ambiente que, según establece en el documento, son ellos quienes deberán repararlos.
Como efectos de la deforestación se destacan:
-Deterioro de plantas bajas ante la destrucción de arbolado maderable y arbustos.
-Suelo expuesto a los efectos erosivos del viento y de las lluvias
-Los suelos secos aumentan la absorción por radiación. Cuando los suelos son más calientes, aumenta la tasa de mineralización lo que afecta la estabilidad y estructura de la tierra, reduce su resistencia, y deja expuesta a la erosión.
-La pérdida de la cubierta vegetal y del humus disminuye paulatinamente la capacidad de retención de agua, se reduce el proceso de transpiración por falta de árboles y el clima se modificará gradualmente.
“Se pierden tierras fértiles, se producen inundaciones al desaparecer la función reguladora; desaparecen especies al perder el bosque su función de hábitat; pérdidas de recurso agua al alterarse el ciclo hidrológico, y la función reguladora del bosque, pérdidas de especies madereras; cambios climáticos, aparición de plagas que hacen inhabitables ciertas áreas. Algunos de estos procesos son irreversibles, pero otros se recuperar a un elevado costo económico”
Entre las acciones de reparación que ordenan a la comunidad destaca realizar la pica y dispersión de los residuos de los aprovechamientos realizados indebidamente o sin autorización correspondiente, los cuales deberán ser esparcidos y colocados de manera perpendicular con la finalidad de prevenir la presencia de algún incendio forestal.
Con el amparo de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental, en el documento advierte que, “una vez vencidos los plazos otorgados para subsanar las irregularidades, se podrá imponer una multa por cada día que transcurra sin obedecer el mandato”.
Además, se aclara que el cumplimiento de las medidas ordenadas “no le exime de la sanción que proceda con motivos de la irregularidad encontrada durante la visita de inspección; sin embargo, el grado de cumplimiento se considera como atenuante al momento de dictar la resolución administrativa que en derecho corresponda, para lo cual deberá hacer constar ante esta autoridad el monto de la inversión efectuada con motivo del cumplimiento de las medidas señaladas”.
Con información de Raichali Noticias