Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, suspendió el auto de apertura de juicio que dictó el pasado 13 de marzo, en la audiencia intermedia en la que el ex director de Pemex fue acusado por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero.
Por esta razón, el impartidor de justicia ya no envió ese acuerdo de apertura a un tribunal de enjuiciamiento -algo que debió haber hecho en los 5 días posteriores a fecha mencionada- para que fijara una fecha para el juicio del ex funcionario hoy preso en el Reclusorio Norte.
La suspensión, sin embargo, no permite a Lozoya firmar un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad, para conseguir la inmunidad penal y salir de la cárcel, pues la medida precautoria sólo frena el trámite del juicio pero no lo cancela.
Lozoya estará en posibilidad de suscribir sus acuerdos con la FGR y Pemex, sólo hasta que un Tribunal Colegiado de Apelación o un Colegiado Penal revoquen la apertura de juicio y ordenen reponer el procedimiento.
El eventual juicio fue suspendido como consecuencia de la apelación que presentó la FGR contra la decisión que en la audiencia del mes pasado tomó el juez Alarcón, de excluir del juicio toda la información financiera que entregó Suiza y Brasil a México, al no haber sido obtenida mediante orden judicial.
De acuerdo con funcionarios del Poder Judicial de la Federación, si bien no se trata de un recurso de amparo, el juzgador suspendió el trámite de las siguientes procesales, porque así lo prevé el artículo 472 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
«Por regla general la interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución judicial impugnada», dice el apartado legal referido.
«En el caso de la apelación contra la exclusión de pruebas, la interposición del recurso tendrá como efecto inmediato suspender el plazo de remisión del auto de apertura de juicio al Tribunal de enjuiciamiento, en atención a lo que resuelva el Tribunal de alzada competente».
En la audiencia intermedia de marzo pasado, la FGR pidió formalmente al juez imponerle al ex director de Pemex una condena de 46 años con 6 meses de prisión y a su madre Gilda Margarita Austin y Solís un total de 21 años con 3 meses de cárcel.
También ratificó que el monto de la reparación del daño que debe pagar el ex funcionario en este proceso es de 7 millones 336 mil 351 dólares.
Lozoya tiene en curso otro proceso por el Caso Agronitrogenados, en el que la Fiscalía pidió condenarlo a 15 años de cárcel e imponerle una reparación del daño de 3 millones 400 mil dólares.
Si en algún momento se ordena reponer la audiencia intermedia y es cancelada la apertura de juicio, el ex funcionario volverá a tener una ventana de oportunidad para negociar una salida alterna a sus procesos y evitar el juicio.
Pero deberá reparar un daño que, por ahora, en sus dos causas penales asciende a 10 millones 736 mil 351 dólares, que al tipo de cambio actual equivalen a 194 millones 435 mil 330 pesos.