El Juez Primero Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones concedió una suspensión definitiva a favor de Defensa Colectiva, A. C, que pidió amparo contra el acuerdo publicado por la titular de la Sener el 15 de mayo.
El acuerdo que contiene la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el SEN, no podrá entrar en vigor hasta que el juez dicte su sentencia de amparo o, si la Sener impugna, hasta que un Tribunal Colegiado resuelva si la confirmará o no.
«Al establecerse barreras de entrada al mercado eléctrico mayorista, éste no podrá servirse de los beneficios de la libre concurrencia y competencia económica, pues podría generarse una barrera de entrada a las centrales generadoras de energía limpia, y un fortalecimiento anticompetitivo de las centrales convencionales, que ya tienen determinada posición en el mercado o que, a diferencia de las eólicas o fotovoltaicas, sí podrán entrar en operaciones o permanecer en el mercado durante la vigencia de los actos reclamados, al menos con mayor facilidad», señaló el juez Rodrigo de la Peza.
Este es el segundo amparo que se tramita contra el acuerdo de Rocío Nahle, el otro fue presentado por Greenpeace quien consiguió una suspensión provisional y permanece en espera de que se le conceda la definitiva.
Aunque también afecta la inversión en energías renovables, como el emitido el 29 de abril por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la nueva política publicada por Nahle impone una serie de pruebas y limitaciones a nuevas centrales de generación de energía vía métodos renovables, limita la emisión de permisos para nuevas plantas eólicas o solares y prohíbe la construcción de proyectos en lugares que considere congestionados o con poca capacidad de transmisión, con la finalidad de evitar «sobrecargas en la red nacional de transmisión, para así satisfacer la demanda de los usuarios finales».
En sus demandas las organizaciones argumentaron que la publicación del acuerdo fue solicitada de manera urgente por la titular de la Sener, por lo que no fue sometido a un procedimiento de mejor regulatoria para demostrar las consecuencias que tendría esta nueva política en el sector.
Con información de El Imparcial