Sólo el pasado mes de octubre, cuatro conductores de camiones de pasajeros y de plataforma fueron asesinados y sus cuerpos localizados en la carretera que conduce al puerto fronterizo Jerónimo-Santa Teresa. Los pasajeros desaparecieron.
En la región del Valle de Juárez también se han registrado desapariciones y asesinatos de conductores de plataformas, lo mismo ocurrió en la región noroeste. En sólo dos meses siete conductores de plataforma fueron asesinados cuando viajaban de Casas Grandes a Janos y Ciudad Juárez.
En todos los casos la Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene como una de las líneas de investigación el secuestro de migrantes.
Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), dijo que un estudio de agencias estadounidenses había advertido que el tráfico trasnacional de drogas dejó ganancias hasta por 32 mil millones de dólares, mientras que el tráfico de personas generó 31 mil millones de dólares.
“Eso fue en el 2017, cuando no teníamos el actual flujo de migrantes en esta zona”, expuso el jefe policiaco que preveía la llegada de miles de personas extranjeras.
Ayer, los agentes estatales brindaban seguridad al contingente de más de mil extranjeros que integraron la caravana migrante que llegó a esta frontera la madrugada del sábado, pues ya habían llegado antes personas extranjeras a la Central Camionera.
Enrique Valenzuela, coordinador del Consejo Estatal de Población (Coespo), indicó que ya se tenían listos albergues para recibir a los viajeros.
La preocupación de las autoridades de los tres niveles de gobierno es que las personas no acepten permanecer en refugios temporales y deambulen por la ciudad, mientras los delincuentes permanecen al acecho, esperando “cazar” a los migrantes extranjeros, las presas de un negocio multimillonario y que ahora ha resultado más redituable que el trasiego de droga.
“Ellos los ven como mercancías y nosotros como personas vulnerables, por eso necesitamos protegerlos”, dijo el pasado viernes el secretario Loya.
Los ubican en puntos aislados
Esta “cacería” es realizada por grupos delictivos que los ubican en puntos aislados, como Samalayuca, donde se encuentran en condiciones de vulnerabilidad por la falta de seguridad preventiva.
Así trascendió el sábado durante la audiencia de formulación de imputación contra Luis Alejandro “N” y Carlos Daniel “N”, acusados por privación ilegal de la libertad personal, lesiones y daños, delitos contenidos en la causa penal 9570/22.
Al menos un grupo de 80 personas de diversas nacionalidades llegaron a esa comunidad ejidal, algunos en furgones de la “bestia”, como describieron ante el agente del Ministerio Público al tren de carga que llega diariamente a Juárez; lo abordaron en el estado de Chiapas, otros en Hidalgo y algunos más en Torreón, Coahuila.
Descendieron antes de llegar al punto de revisión carretero Precos, instalado por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y caminaron entre las dunas hasta llegar a Samalayuca.
Ahí comieron, algunos lograron bañarse y descansar.
El 7 de diciembre estaban en la plaza principal del pueblo cuando observaron a una pareja que estaba ofreciendo un “paquete seguro” para ingresar a Estados Unidos sin documentos por cuatro mil dólares y no aceptaron.
Poco después de las cuatro llegó el camión de transporte público y corrieron a abordarlo.
El chofer, de nombre Alejandro y quien tiene poco más de un año laborando para el concesionario del camión a quien dijo conocer sólo como Miguel, se molestó y los obligó a bajar a todos.
Luego les pidió que abordaran la unidad en orden, primero mujeres y niños y luego los hombres.
Los testigos aseguran que eran casi 60 personas las que abordaron el vehículo, entre ellos las dos personas que observaron en la plaza. Uno de ellos iba llamando por teléfono y hablaba con el chofer.
La unidad se detuvo en varias ocasiones, finalmente descendió un hombre de origen mexicano a la altura de lo que ahora sabe es la Ermita de San Lorenzo. Fue en ese punto cuando observaron a cinco vehículos salir a la carretera y seguir al camión.
“Durante el trayecto se baja un hombre de origen mexicano y más adelante se baja otro mexicano y vemos varios carros”, se dijo en la audiencia. Los vehículos fueron descritos como una camioneta roja, una camioneta blanca, una Ram, un deportivo negro y un Mustang color gris.
Dos vehículos se emparejaron al camión y le gritaron al chofer que detuviera su marcha, pero éste se negó y siguió acelerando. El conductor impactó a los vehículos y siguió circulando, mientras que pasajeros, pese al pánico, llamaron al 911 y dieron aviso de lo que ocurría.
Dos unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal fueron comisionadas a atender la llamada de auxilio.
Luis Alejandro C. R., de 35 años y Carlos Daniel F. V., de 23, iban armados y les gritaban a los pasajeros que el problema no era con ellos, sino con el chofer que no pagó “la cuota”.
Les aseguraron que no les pasaría nada y trataron de calmar a los niños y les prometieron que no les harían daño.
En la parte trasera un padre de familia trataba de abrir la puerta trasera y al observar que pasaban patrullas de la Policía Estatal, les hicieron señas. Fue así como las unidades detuvieron el primer vehículo.
Los conductores trataron de simular estar también secuestrados, pero los agentes fueron advertidos de que eran ellos los agresores. También informaron que en el camión estaba un chofer herido, por lo que los agentes confirmaron los hechos y llevaron a los dos detenidos ante el guiador que los identificó como sus agresores.
Cuando la unidad intervenía la camioneta, los otros vehículos con más pasajeros a bordo huyeron. Al menos quince personas se encuentran en calidad de desaparecidas, ya que fueron 45 pasajeros rescatados y según los testigos, en la unidad viajaban 60 personas.
Los migrantes fueron enviados a refugios y los que fungen como testigos recibirán protección especial mientras dure el proceso, se informó.
La audiencia inicial duró poco más de cuatro horas y el juez de Control, Carlos Jaime Rodríguez García, facilitó su escucha en aras del principio de máxima publicidad en el Sistema Penal Acusatorio.
Luego de ser calificada y ratificada de legal la detención de los dos acusados, así como su retención en el Cereso 3, el juzgador concedió a la representación social un plazo de 12 meses para el cierre de la carpeta de investigación e impuso la prisión preventiva como medida cautelar.
La audiencia de vinculación o no a proceso fue programada para el próximo miércoles 14 de diciembre a las 09:00 horas, a solicitud de la defensa legal particular, que pidió la duplicidad del término constitucional de 48 horas, dijo el juzgador.
En la audiencia inicial celebrada el sábado a las 11:00 horas, la representación legal dio lectura a la declaración de 12 testigos, de ellos 11 son extranjeros que presentan afectaciones psicológicas por el evento sufrido en el que temieron por sus vidas.
Así como el chofer que presentó dos impactos de bala y golpes en diversas partes del cuerpo.
La defensa legal de los acusados pidió al juez que en la próxima audiencia, de vinculación o no a proceso, estuvieran presentes los denunciantes, por lo que los migrantes venezolanos serán notificados de la comparecencia en los puntos donde se encuentran bajo resguardo de la autoridad investigadora.