Asimismo, la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio de Enrique Peña Nieto, notificó al juez de Control, Ganther Alejandro Villar Ceballos, que retiraba voluntariamente la solicitud de un procedimiento abreviado con la FGR para concluir de manera anticipada el proceso que se le sigue por el delito de uso indebido del servicio público.
María del Rosario, al momento de contestar la acusación, se ha manifestado inocente respecto de los hechos que se le atribuyen, en virtud de que la propia Ley de Adquisiciones, Arrendamiento señala con claridad quiénes son los responsables del Comité de Adquisiciones», comentó el abogado de Robles Berlanga, Epigmenio Mendieta.
Tras decretarse dos horas de receso, el litigante señaló que hasta el momento la Fiscalía General de la República ofreció presentar para la etapa del juicio a tres de los 53 testigos, que, según los fiscales que llevan el caso, ya fueron aprobados por el juez Villar Ceballos.
«Estamos apenas en el debate de los testigos, los de la FGR, siempre empieza el Ministerio Público, después el asesor jurídico y al final nosotros», indicó.
Y añadió el abogado, Epigmenio Mendieta: «Tenemos que avanzar en el desahogo, la autoridad jurisdiccional, como lo dije en la mañana, es la que establece la metodología y los tiempos para el desahogo de cada una de ellas, pero es una audiencia muy larga».
Juez le niega suspensión definitiva
Por otro lado, otro juez federal negó la suspensión definitiva a Robles Berlanga contra las presuntas violaciones a sus derechos humanos por parte del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.
La extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las manifestaciones que realizó Gertz Manero el 12 de agosto de 2020, en las que señaló que la exjefa de gobierno no recibía el mismo trato que Emilio Lozoya Austin, porque no cooperó con la justicia.
Para la exsecretaria dichos señalamientos representan una violación a la presunción de inocencia, ya que el titular de la FGR la presentó «públicamente y ante toda la sociedad mexicana como culpable de haber causado un daño patrimonial al Estado mexicano de 15 mil millones de pesos, cuando ello debería en todo caso determinarlo un juez en una sentencia definitiva y firme».
Con información de El Imparcial