La demanda fue presentada el 12 de marzo, para impugnar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y el Manual de Remuneraciones del INE, publicado el 28 de febrero.
En dicho Manual, las percepciones por sueldo, compensación garantizada, pago de fin de año y prima vacacional de los once consejeros bajaron de 3.7 millones de pesos brutos en 2018 a 3 millones de pesos en 2019.
«Tales actos vulneran en mi perjuicio diversos derechos laborales y sociales, como son el de seguridad jurídica e irreductibilidad salarial reconocidos, entre otros, en los artículos 123, apartado B), y 127 de la Constitución», afirma la demanda.
Jonathan Bass, juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, se declaró hoy incompetente para conocer del amparo y lo turnó a un Juez de Distrito en Materia de Trabajo, por considerar que el reclamo de Córdova es de naturaleza laboral.
Este amparo, y otros promovidos por funcionarios del INE, es independiente de la controversia constitucional que dicho órgano presentó ante la Suprema Corte de Justicia, para impugnar la Ley de Remuneraciones y el Presupuesto de Egresos de 2019, en el que se generalizó el tope salarial determinado por López Obrador.
En esa controversia, el Ministro Alberto Pérez Dayán rechazó conceder al INE una suspensión para mantener los salarios de 2018, pero eso no impide a los funcionarios promover amparos a título personal.
El Manual de Remuneraciones fue aprobado el 26 de febrero por la Junta General Ejecutiva del INE, que preside el propio Córdova, quien votó a favor.
Sin embargo, el Manual aclara que el INE se ajusta al tope salarial para el Presidente de la República, «sin menoscabo de la posición institucional expresada en la controversia constitucional, promovida por este Instituto, dado que se estima inconstitucional e inconvencional lo determinado al respecto por la Cámara de Diputados en Presupuesto de Egresos».
También se aclara que los funcionarios que obtengan suspensiones de jueces de Distrito, o que eventualmente ganen sus juicios de amparo, tendrán derecho a que se les cubran sus salarios anteriores.
Eso también podría ocurrir, para todo el personal, si eventualmente el Pleno de la Corte declara fundada la controversia constitucional del INE, en la que también reclamó la reducción de 950 millones de pesos que la Cámara aplicó a su solicitud presupuestal.
Sobre el tema de cuál juez es competente para conocer de estos amparos, la Segunda Sala de la Corte discutirá el 20 de marzo un proyecto que aclara que las demandas contra la Ley de Remuneraciones corresponden a los jueces en Materia de Trabajo.
Información de Reforma