Según versiones periodísticas, la FGR informó al juez Ganther Alejandro Villar Ceballos que no se cumplen con los requisitos de procedibilidad para la negociación con la que fue secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Ubrano (Sedatu) durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, dentro de la causa penal 314/2019.
Sin embargo, la Fiscalía se saltó el plazo de cinco días que le había dado el juez el 10 de febrero para que contestara sobre la petición de la defensa de Robles, en torno a la designación de un funcionario con capacidad de decisión para entablar las negociaciones, así como su modalidad, fecha, hora y lugar. Aún tiene pendiente responder sobre el asunto.
De acuerdo con el diario La Jornada, el juez Villar Ceballos señaló a la FGR que “con su respuesta la institución incumplió con lo ordenado en la audiencia del pasado 10 de febrero, en la que fijó un periodo de cinco días para establecer los mecanismos de negociación entre la ex funcionaria y la fiscalía”.
La exfuncionaria deberá comparecer ante el juez en la audiencia del próximo 26 de febrero, donde se valorarán las pruebas obtenidas por la Fiscalía. En caso de obtener su libertad, ya que el delito por el que se encuentra en prisión no está tipificado como grave, la FGR ya tiene lista una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada, por el que no podría solicitar la libertad bajo fianza.
En su conferencia matutina del 17 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la FGR llevar el caso con apego a la legalidad. “Nada de acuerdos en lo oscurito y nada de concertacesiones”, dijo, al tiempo que rechazó tener injerencia en el asunto.
El 12 de febrero, los representantes legales de Robles Berlanga, formalizaron su petición ante la FGR de concluir su juicio de manera anticipada por lo que hace al cargo de ejercicio indebido del servicio público y colaborar en la investigación de la llamada ‘Estafa Maestra’, a fin de que ya no se le promovieran nuevos juicios.
La exfuncionaria enfrenta un proceso penal por ejercicio indebido del servicio público y haber provocado, con sus omisiones, un daño al erario federal por más de 5 mil millones de pesos. Por ese motivo se encuentra encarcelada desde hace un año y cuatro meses.
La defensa de Robles presentó de manera formal ante la FGR el escrito en el cual menciona estar dispuesta a declararse culpable de la acusación en su contra y que finalice de manera anticipada el proceso que enfrenta, así como solicitar que se considere la posibilidad de obtener beneficios jurídicos al aportar datos que lleven a identificar y sancionar a todos los participantes en la llamada ‘Estafa Maestra’.
El miércoles 10 de febrero se dio a conocer que la FGR había decidido llegar a un acuerdo con Rosario Robles para no acusarla formalmente por el delito de uso indebido del servicio público.
Durante una audiencia efectuada en el Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al Reclusorio Sur, en la que los fiscales podían presentar una acusación formal en su contra, se determinó que la exfuncionaria se podría apegar a un criterio de oportunidad, u optar por la figura de procedimiento abreviado.
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