-Quiere Chuy lavarse cara en seguridad
-Busca fortalecer Maru seguridad con la Marina
Más rápido de lo que retiran las vulgares narcomantas, agentes ministeriales obligaron a varios afectados por Aras a quitar sus mantas con las que exigían la judicialización del fraude que estalló hace cuatro meses.
Los defraudados por la financiera de Armando Gutiérrez Rosas se manifestaron en la Fiscalía General de la República el martes pasado. Luego marcharon hacia la avenida Teófilo Borunda (vialidad del río Chuvíscar) y colocaron mantas con mensajes sobre su protesta.
Alcanzaron a colocarlas en el paso superior de la avenida Universidad y en el de la Ocampo, mientras otro contingente buscaba instalar más en los cruces del periférico De la Juventud y Politécnico Nacional, así como en el de la Ignacio Rodríguez.
Los mensajes eran de lo más común que se ha visto en estos meses que tiene la crisis de la estafa piramidal disfrazada de exitosa financiera inversora.
Reclamos por el robo, exigencias de justicia y llamadas de atención a los gobiernos. Nada fuera de la normalidad de una justificada protesta social provocada por la burla, el engaño y el fraude de vivales que se aprovecharon de la ignorancia en materia financiera de los afectados.
Lo realmente llamativo porque generó un sinfín de suspicacias fue que agentes de la Policía Ministerial obligaron a los manifestantes a retirar las mantas colocadas y los disuadieron de poner las restantes al otro grupo.
Muy preocupados por el uso del equipamiento urbano, en vez de estar ocupados en judicializar las más de tres mil denuncias formales que existen, los agentes ministeriales lograron su cometido.
En la Fiscalía General del Estado nadie supo explicar esa actitud de expertos urbanistas y cuidadores del paisaje de la ciudad adoptada por los ministeriales.
Eso hace más extraño, además de que mueve a sospechas. ¿Actuaron por su cuenta los agentes o atendieron instrucciones? ¿Les dio la orden el fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez, o su comandante Alejandro Tenorio que los tiene a su cargo?
Algo nos dice que hay más gato encostalado del que parece.
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Salieron más neoliberales los asesores y funcionarios de la Secretaría de Hacienda que revisaron y estuvieron al pendiente del proceso de regularización de autos chuecos anunciados por Presidencia de la República.
Los términos son más que leoninos para los cientos de miles de propietarios de vehículos extranjeros localizados en los estados de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.
El maltrato es mayúsculo, y ni cómo defender el proceso. No se trata realmente de una regularización sino de una ordinaria importación de vehículos, con todas las cargas en impuestos que ello representa. Mejor dejar las cosas como estaban, falla monumental de los responsables de estar al pendiente.
Pensemos en el IVA, ISAN y los honorarios de las agencias aduanales, y con ello tendremos un encarecimiento mucho más arriba del 60 por ciento del valor original del vehículo.
Ninguno de los funcionarios de Hacienda o asesores pensaron en ello, con una visión real de atender al problema social.
A todas esas cargas deberá agregarse el pago de dos mil 500 pesos por regularización, que está indicada en el decreto publicado por la Secretaría de Hacienda en días recientes.
A este pequeñísimo detalle deben agregarse las restricciones de importación, que los vehículos sean de modelo ocho años anteriores o que no haya límite en cuanto al número de ocupantes.
Muy distinto al “neoliberal” decreto de 2011 que es base para el reciente acuerdo presidencial, en el cual el modelo mínimo permisible era cinco años con menores restricciones al número de ocupantes del vehículo, con lo cual podrían entrar los camiones que hoy circulan “legalmente” por corrupción en las carreteras federales.
No es gratuita la inconformidad de las organizaciones de autos chuecos que han alzado la voz en contra de las imperfecciones del decreto y que contradicen el espíritu del anuncio presidencial del año pasado.
Callan como mudos los operadores de la 4T, cuando debieran ser los primeros en señalar las inconsistencias de funcionarios que no entienden los mensajes presidenciales.
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En el mes de septiembre del año pasado, el colega periodista Jorge Ibarra, realizaba su trabajo en un accidente automovilístico donde perdió la vida una persona.
Ahí, de manera muy extraña, fue detenido por agentes de la policía municipal, con el cargo de no sabemos qué falta, tratado como criminal, aventado a una patrulla y trasladado a una fría celda, donde esposado, fue recluido a expensas de otros arrestados bajo influjo de alcohol y drogas.
Maltrato vil indudable por parte de los agentes, justificado desde la vocería de la dirección de seguridad pública a cargo de Jesús Reyes.
El vocero siempre justificó la actuación de la policía y ocultó datos importantes. Ahora, con ese historial, que es nada a lo largo de muchos años de función, trata de lavarse la cara con un cambio en su estado en redes sociales.
Lo vemos cargando un reconocimiento con la entonces alcaldesa Maru Campos, buscando afianzarse o brincar a la Secretaría de Seguridad Pública estatal con su exjefe director, Gilberto Loya, pero el cargo ya se lo ganó otra colega, Ana Antillón.
Anda el Jesús con ánimos de purificación pero los pecados están a la vista.
Hubo mentiras descaradas por parte de él en todo el procedimiento del periodista arrestado, colocando en picota al ayuntamiento recién electo. Su actuación podría haber sido profesional, dejando al descubierto las irregularidades en el procedimiento, pero decidió no hacerlo así y debe sin duda cargar con las consecuencias.
La imagen del nuevo estado en redes sociales del “vocero” en nuestra edición digital. El arresto del colega es tema que de manera indudable debe tener finiquito y no volverse a presentar en perjuicio de ningún reportero.
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Uno de los aspectos que deberá valorar el enviado de la Secretaría de Gobernación para la firma del convenio con el gobierno del estado de Chihuahua el día de hoy, es asumir los costos directos de la protección de periodistas.
Resulta que en los años anteriores el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, asumía la protección de los periodistas pero en realidad trasladaban la carga de vehículos y agentes a las fiscalías estatales.
Cuando existía una solicitud de incorporación al mecanismo estatal, los operadores de la Gobernación levantaban el teléfono y pedían que la protección corriera a cargo de la fiscalía estatal, cuando debían ser ellos quienes asumieran la responsabilidad.
Es por ello tema indudable de responsabilidad asumir directamente por la federación esos costos o tomarlos en cuenta para las aportaciones en el fideicomiso para los Estados y Municipios, dejando a un lado la simulación de medidas cautelares por parte de la federación como patrocinador, cuando está muy lejos de ser así.
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La Secretaría de Marina es una de las instituciones más relevantes en el combate al crimen organizado a nivel nacional, por lo que cobra relevancia la reunión sostenida por la gobernadora constitucional del Estado, Maru Campos, con los responsables de dicha institución.
“Sumamos esfuerzos para generar estrategias que salvaguarden la seguridad de las familias chihuahuenses. Esta tarde acudimos a las instalaciones de la Secretaría de Marina para abordar temas en materia de seguridad con el Almirante José Rafael Ojeda Durán, a quien le agradezco profundamente su hospitalidad y sobre todo su disposición para trabajar unidos por un Chihuahua más seguro. #JuntosSíPodemos”, publicó en redes sociales la titular del ejecutivo chihuahuense.
Tiene la marina un papel fundamental que jugar junto con la Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al crimen organizado. La reunión no podía ser más afortunada, en momentos en que es necesario fortalecer el trabajo asertivo de inteligencia en dicha materia.