El plan de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) apunta a unos 4.8 millones de personas en 34 países, incluyendo a Honduras, Guatemala, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela, donde busca prevenir los impactos de sequías o lluvias torrenciales y proveer las primeras respuestas de emergencia ante episodios destructivos.
«Se necesitan fondos casi de inmediato para efectuar acciones de anticipación», dijo Rein Paulsen, director de la oficina de emergencias de la FAO, en un comunicado.
«Es crucial fortalecer los sistemas de productos agrícolas para ser más resistentes a próximos choques climáticos y evitar pérdidas de vidas y ganado», expresó.
El Niño, que en el último año causó fuertes perturbaciones en las temperaturas del Océano Pacífico, intensificó sequías y frentes de mal tiempo en todo el mundo, y en la región ha estado afectando principalmente a naciones ya vulnerables de Centroamérica y Sudamérica.
Meteorólogos anticipan que el fenómeno se presentará muy probablemente en el hemisferio norte en los próximos meses y continuará impactando a los países sudamericanos durante la próxima temporada invernal.
La FAO mencionó que el mundo ingresará al nuevo ciclo de El Niño con un número récord de 258 millones de personas sufriendo por una hambruna aguda, según datos hasta el 2022, y destacó que sólo se han cubierto el 20 por ciento de los fondos necesarios para afrontar los elevados niveles de inseguridad alimentaria.
En América Latina, un reporte de cinco organizaciones de la ONU -incluyendo a la FAO- reveló el jueves que el hambre alcanzó al 6.5 por ciento de la población en el 2022, unas 43.2 millones de personas.
Entre otros aspectos, el programa de la ONU busca fondos para echar a andar proyectos relacionados con la obtención y distribución de las variedades adecuadas de semillas para ayudar a los productores a asegurar sus cosechas ante nuevos eventos de sequías o inundaciones.
Hasta octubre, la FAO dijo que había movilizado 35 millones de dólares como parte del plan de mitigación para iniciar acciones de prevención en 19 países catalogados como prioritarios, alcanzando a unas 700 mil personas.