Para el Gobierno federal, los fallos de esos juzgadores favorecen a presuntos delincuentes involucrados en casos de pederastia, homicidio, delincuencia organizada, secuestro, desaparición forzada y defraudación fiscal.
Por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, mostró un listado de las resoluciones que consideró «contrarias a la justicia», debido a que se determinó la existencia de detenciones ilegales, se dictó la no vinculación a proceso y se otorgaron sentencias absolutorias.
El listado incluyó, por ejemplo, el caso del juez Faustino Gutiérrez Pérez, quien otorgó amparos al ex Gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, contra una orden de aprehensión por delincuencia organizada y para que pueda conservar escoltas pagados con el erario.
AMLO ha mantenido una actitud crítica contra el Poder Judicial, pero las tensiones se exacerbaron tras la llegada de la Ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte, en enero pasado.
Sólo este año, ha exhibido a 15 juzgadores, acusados de emitir fallos que favorecen a presuntos delincuentes. Entre los señalados están la propia Piña y el Ministro Luis María Aguilar.
En el caso de la presidenta de la Corte, la acusan de encubrir a una juez que favoreció a los escoltas del ex Gobernador Martín Orozco en el caso de la desaparición de un pepenador en Aguascalientes.
Uno de los casos citados por el general en retiro, ex comandante de la Guardia Nacional, fue el del secretario del juzgado 17 de Distrito, Andrés Rossell Martínez, quien otorgó una suspensión provisional al ex Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, en contra de la prisión preventiva oficiosa.
«Intentó liberar a Jorge «N» a pesar de que los delitos por los que se le investiga -secuestro y desaparición forzada- son graves», refirió.
El subsecretario acusó también al magistrado Carlos Alejandro Lima Carvajal, de la Sala Especializada en Materia Penal Oral de Quintana Roo, por conceder el traslado a una cárcel estatal a Jean Succar Kuri, sentenciado a 94 años de prisión por los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores.
«Su traslado al penal federal se debió a que (Succar Kuri) es considerado una persona que pone en peligro la estabilidad y gobernabilidad del centro penitenciario local, derivado de su conducta al interior del mismo, lo cual fue soslayado por el magistrado Lima Carvajal», denunció.
Rodríguez Bucio apuntó contra el juez José Jesús Rodríguez Hernández, por exonerar a una empresa recicladora en Guanajuato de la obligación de pagar más de mil 500 millones de pesos en perjuicio de la hacienda pública.
También incluyó a la jueza de control en Aguascalientes, Beatriz Eugenia Álvarez, por beneficiar a ex escoltas de un Gobernador imputados en el homicidio de una persona en situación de calle, así como a la jueza Soyla Rosa Cárdenas Bahena, quien habría descalificado la labor de los policías, a quienes acusa de detenciones injustificadas.
«En Puebla, el juez Milton Moctezuma Vega emitió una sentencia absolutoria en favor de tres imputados por el delito de tentativa de homicidio cometido en agravio de ex policías federales, señalando que no se acreditó que los tres acusados hayan disparado con intención de matarlos, puesto que los proyectiles impactaron en la patrulla, por lo que solamente se acreditaron los daños al vehículo», manifestó.
Finalmente, presentó el caso del juez de control de Veracruz, Gustavo Stivalet Sedas, quien ha dictado resoluciones adversas en delitos por tráfico ilícito de personas migrantes, «sin tener un criterio homologado».