Te puede interesar: Graban muerte de una de las últimas vaquitas marinas
Uno de los objetivos de este pacto es que sirva “como medio para promover políticas comerciales y ambientales que se apoyen mutuamente”, por lo que no se puede ignorar la posibilidad de la aplicación de embargos o sanciones económicas en caso de incumplimiento del marco normativo.
El artículo 24.22 del TMEC, se refiere explícitamente a que las partes reconocen la importancia de combatir el tráfico ilegal de especies, por lo que se comprometen a cumplir con sus obligaciones conforme a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que tiene emplazado a México por los nulos resultados en el combate a la pesca furtiva de Totoaba en el hábitat de la vaquita marina.
La amenaza por parte del CITES es prohibir las exportaciones mexicanas de especies protegidas como aletas de tiburón, trofeos de caza de borrego cimarrón o venta de madera de caoba, que es una decisión que tomarán los países miembros el próximo mes de octubre en Ginebra, Suiza.
Además, en el artículo 24.19, México, Estados Unidos y Canadá se comprometen a promover la conservación a largo plazo de tiburones, tortugas marinas, aves marinas y mamíferos marinos, a través de la implementación y el cumplimiento efectivo de medidas de conservación y manejo
Hay que recordar que la vaquita es el mamífero marino en mayor peligro del mundo, del que sólo quedan entre seis y 19 ejemplares, y que existen presiones por parte de organizaciones de la sociedad civil para que el Gobierno de Estados Unidos, amplíe el embargo pesquero que hay contra México en la región del Golfo de California a los 17 estados costeros y todas las especies de importancia comercial.
Como parte del TMEC, los países acordaron darle continuidad al trabajo de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), que tiene como función resolver controversias y atender denuncias ciudadanas en México, Estados Unidos y Canadá.
En videoconferencia, Roberto Moyer, director Jurídico de la CCA explicó que los habitantes de los tres países pueden enviar por escrito sus quejas sobre incumplimiento de alguna ley ambiental, para que el consejo investigue y proponga una solución.
La Comisión para la Cooperación Ambiental redujo de 15 a nueve el número integrantes del Comité Consultivo Público Conjunto formado por representantes de organizaciones de la sociedad civil que asesoran al secretariado del organismo.
Con información de Excélsior