De acuerdo a la lectura de dichos documentos, en el último mes el cardiólogo clínico Mario Alberto Valles Terrazas realizó a Duarte un electrocardiograma en el que se arrojó que cuenta con posible retraso en la conducción ventricular derecha, así como una posible hipertrofia ventricular izquierda lo que puede derivar en un infarto al miocardio de edad indeterminada con extensión, por lo que se le brindan tres tratamientos deliberadamente.
En este sentido, se precisó por el abogado que del 22 de febrero pasado a la fecha, Duarte ha presentado registros inestables en su presión arterial y de un día a otro, detalló fueron los siguientes: 130/90, 120/80, 110/80, 110/70, 140/90, 130/80, 120/90, 140/90, 120/80, 120/90, 140/90, 130/80, 120/80, 130/100, 120/90, 100/60 y 130/90, altibajos que revelan factores de riesgo para insuficiencia cardiaca.
Asimismo, el médico neurólogo Manuel Porras Betancourt, quien lo atiende por tinnitus, que es por zumbidos por ambos oídos desde hace dos años, mencionó que el exmandatario tiene debilidad y alteraciones sensitivas en las extremidades izquierdas, las cuales han mejorado con el tiempo, aunque en últimos meses la mejoría se ha estancado, por lo que necesita mayor terapia física y apoyo psicológico debido a que también se le detectó estrés emocional marcado.
Una constancia de un visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) también se brindó a la juez y al ministerio público, la cual se efectuó el pasado 31 de marzo tras darse a conocer por medios de comunicación que Duarte había sufrido un infarto, en la que se estableció que visiblemente el preso se encontraba en buenas condiciones aunque dio a conocer unos exámenes clínicos en los que se arroja inestabilidad en la presión arterial y el registro de un tejido necroso, es decir, una secuela de un infarto.
Los abogados dieron lectura a una constancia firmada por Jorge Cabrera Zapata, representante de una empresa local de monitoreo satelital y GPS, quien argumenta se otorga un servicio profesional de brazaletes electrónicos y monitoreo en tiempo real para arrendamientos de colocación inmediata.
Asimismo, tres contratos notariados fueron expuestos en relación a tres propiedades en poder del hermano del acusado, Mario Héctor Duarte Jáquez situadas en Ciudad Juárez; una con valor de 7 millones 79 mil 756 con 70 centavos, otra valuada en 2 millones 362 mil 14 pesos y la última con valor de 13 millones 595 mil 386 pesos, todas con libertad de gravamen y a disposición de ser donadas al exgobernador.
Con todo lo anterior, el defensor Daniel López argumentó que cuando su cliente fue vinculado a proceso, le impuesta la prisión preventiva debido a que no contaba con algún domicilio para tener arraigo domiciliario, así como el peligro de que sustrajera de la justicia al salir del país y poner en peligro a algún testigo del caso.
Por ello dijo, en la actualidad, la situación ha cambiado y es posible dictarle un arraigo domiciliario, portación de brazalete electrónico, o bien, el pago de una parte de la reparación del daño que podría completarse hasta un 25% del monto total con las propiedades que se tienen a bien donar por el hermano de Duarte para que sean tomadas en cuenta.
La justificación fue que, de inicio, de no permitir que se brinden las atenciones médicas pertinentes a Duarte, viola su derecho humano a la salud, además de que a la fecha, sumando el tiempo que estuvo en la prisión de Miami, Florida, hoy se cumplen dos años y nueve meses que el expriísta esta detenido, un lapso que excede el tiempo de dos años que por Ley es el máximo para un imputado en prisión preventiva.
López recordó que desde la pasada audiencia de vinculación se especificó que Duarte cuenta con un domicilio en la ciudad de Chihuahua, en la calle Bahía de Quino, No. 8324 en Residencial Bahías, donde podrá purgar cualquier otra medida cautelar en su proceso, incluso si es necesario, dijo con vigilancia policial las 24 horas, si así lo dispone la juez.
“Tenemos antecedentes bastantes de diversos ex servidores públicos que trabajaron en la administración estatal de nuestro representado; a todos ellos se les impuso la prisión preventiva y a la fecha se encuentran con medida cautelar distinta porque se operó la revisión y la modificación y fueron resueltos los medios de defensa para variar las medidas cautelares. Que la óptica judicial debe de ser la misma si tenemos conocimiento que, en esta mal llamada operación justicia para Chihuahua, inicialmente se abusó de la prisión preventiva y como repito, fue impuesta arbitrariamente a una serie de exservidores públicos de la administración 2010-2016, sirva de ejemplo y no caigamos del mismo abuso de la prisión preventiva”, expresó el abogado.
Es de mencionar que dicho litigante adelantó que, si la Juez aún y con los datos mencionados tiende a no modificar la medida cautelar, se pedirá una medida de protección reforzada, la cual podrá concretarse en el mismo domicilio de Residencial Bahías.
Apuntó que el cambio de medida cautelar no es imposible, pues defendió que incluso, mismas figuras detenidas en la denominada justicia para Chihuahua, tales como Marcelo González Tachiquín, Alejandro Villarreal Aldáz y Antonio Tarín García, fueron detenidos con prisión preventiva y hoy todos gozan de otras medidas.