La reforma a leyes secundarias en materia electoral, propuesta luego de que el Presidente no consiguió los votos para modificar la Constitución, fue avalada por los legisladores de Morena y sus aliados y podría ser rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La reforma aprobada reduce el Servicio Profesional Electoral y, con un nuevo estatuto, fusiona la estructura del INE y los Organismos Públicos Locales (Oples), con el pretexto del ahorro.
El «Plan B», propuesto por López Obrador, elimina la estructura permanente subdelegacional del INE y reduce al mínimo el Servicio Profesional Electoral, lo que impedirá contar con personal calificado para supervisar los comicios.
Al menos 2 mil 175 empleados del Servicio Profesional serán despedidos, cuando las juntas distritales pasen de permanentes a temporales. Esto representa el 84.6% de las plazas. Además, saldrán otros 2 mil trabajadores administrativos.
Ex presidentes del INE, los actuales consejeros y académicos han advertido del impacto que tendrá en la confección del padrón, el conteo de votos y la fiscalización de gastos, centrales del sistema democrático nacional.
Asimismo, faculta al Gobierno a interceder en las elecciones ya que los funcionarios podrán hacer propaganda durante las elecciones bajo el argumento de que usan su libertad de expresión; además, permitirá que los mexicanos en el extranjero voten con su pasaporte o su matrícula consular, un documento expedido no por el INE que es autónomo sino por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Estas medidas podrían ser suspendidas por la Suprema Corte, donde se han presentado ya controversias constitucionales.
El domingo pasado, miles de ciudadanos abarrotaron el Centro Histórico de la Ciudad de México y al menos 100 ciudades en contra del «Plan B» y para solicitar a la Corte que eche abajo la reforma.
Incluso, antes de que entre en vigor, la reforma establece que el INE deberá destituir de inmediato a su secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, por lo que se prevé que lo sustituya como encargado de despacho el director de Capacitación, Roberto Cardiel. En mayo, el Consejo General deberá designar al nuevo titular.
En abril, el Consejo General deberá exponer qué normas deberán modificarse para armonizarlas con la reforma, previo al proceso electoral del 2024.
Si la Suprema Corte de Justicia no la revierte, comenzará en noviembre, no en septiembre. En ese mismo mes, el órgano electoral deberá informar sobre las adecuaciones administrativas y el costo de la reestructuración, al desaparecer las juntas distritales y crear oficinas auxiliares, además de despedir a los vocales ejecutivos, fusionar direcciones y eliminar unidades y áreas en la sede central.
El 15 de agosto deberán estar integrados los nuevos órganos y en mayo los nuevos directores.
El INE tendrá 180 días para realizar un nuevo cálculo y revisión integral de los tabuladores salariales de su personal y de los organismos públicos locales, para que no ganen más que el Presidente y su trabajo no será considerado «especializado o técnico».