“El proyecto plantea como plazo del contrato de prestación de servicios el término de 11 años y 3 meses, de los cuales en el período de inversión de 15 meses, se contemplan 2 meses para el inicio de la elaboración del proyecto ejecutivo, 12 meses de construcción y equipamiento, 1 mes de pruebas o puesta en marcha y a partir de que los centros inicien operaciones, serán 10 años de mantenimiento de las instalaciones y la operación mediante la prestación delos servicios en dormitorios y alimentación para los elementos de Seguridad Pública designados, a cuyo término se realizará la transferencia de la infraestructura al Gobierno del Estado”, versa textual el documento.
Los centros de seguridad de 4 hectáreas cada uno, albergarían a 200 elementos y se construirán en los municipios de Guadalupe y Calvo, Guachochi, San Juanito y Práxedis Guerrero.
La medida será votada por los diputados en próximas sesiones y dentro del documento de 65 páginas se encuentra justificada por la alta presencia de delitos como homicidio, cultivo, posesión, tráfico y comercialización de estupefacientes, robo de combustible, robo a empresas mineras, proveedores, desaparición de personas, entre otras actividades que influyen en la vida social y económica de las regiones.
Posicionamientos oficiales no consideran a las inversiones público- privadas como deuda, sin embargo en la práctica representarían un gasto que comprometería a las próximas administraciones administraciones.