Chuy Velázquez, planteó a sus compañeros legisladores la problemática que persiste al momento con habitantes de comunidades rurales o incluso indígenas, cuando estos acuden a la capital del Estado para tratar temas agrarios como el desahogo de asuntos y trámites administrativos o jurídicos relacionados con la propiedad social de la tierra, lo cual representa un viacrucis con el peregrinar que tienen que hacer para acudir a cada una de las cuatro dependencias federales que atienden estos asuntos, y cuya dispersión geográfica en la ciudad, no contribuye a apoyar a los usuarios de los servicios públicos, sino a crearles mayores problemas que soluciones, dijo.
Las referidas dependencias son: la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU) que se localiza en la Avenida Universidad, la Procuraduría Agraria que se encuentran en la Avenida Zarco, las oficinas del Registro Agrario Nacional ubicadas en el Boulevard Fuentes Mares, y por último el Tribunal Unitario Agrario en la calle 5 de mayo de la Colonia Guadalupe, siendo notoria la complicación en cuanto a movilidad para quienes requieren algún trámite, pues todas ellas tienen que ver entre sí, siendo aún más difícil para quienes salen de sus comunidades en la región serrana, pues más allá del tiempo que tardan en llegar a la capital, es un peregrinar innecesario en cada dependencia, y más si se trata de personas de raza indígena que en su mayoría no conocen como conducirse en la ciudad, refirió.
Asimismo, argumentó que algunos de los edificios donde al momento están ubicadas las delegaciones son antiguos y no dan la funcionalidad necesaria, además de que no cuentan con los especificaciones técnicas de inclusión para personas con capacidades diferentes o adultos mayores, no tienen estacionamientos adecuados, y no consideran la planeación urbana que debe expresar una funcionalidad del servicio público en conjuntos armónicos que permitan un desplazamiento de las personas en un mismo entorno, haciendo un uso racional del tiempo y de las instalaciones de las oficinas públicas.
Para solucionar la problemática, el Diputado Velázquez hizo el exhorto al Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado, Gustavo Elizondo, para que convenga en conjunto con los titulares del Registro Agrario Nacional, el Tribunal Superior Agrario, la Procuraduría Agraria y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, para la construcción de las oficinas de estas dependencias en un predio donado por el Gobierno del Estado, y/o en su caso, proporcionar en calidad de mientras, en comodato, un edificio propiedad del Gobierno del Estado para la concentración de dichas dependencias federales en un mismo predio en la Ciudad de Chihuahua.
Es urgente que el gobierno federal considere que la ubicación de sus oficinas debe atender a una planificación integral que apoye a quienes requieren ordenar sus documentos agrarios, mediante una ubicación funcional, de tal manera que se localicen estratégicamente en un solo predio o edificio de gobierno, para que los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios cuenten con los servicios integrales para atender los asuntos que tienen que ver con la solución a sus derechos agrarios, destacó el legislador.
El impacto de dicha propuesta, llegaría a más de 116 mil personas pertenecientes a los 972 núcleos agrarios que se encuentran en el estado de Chihuahua, siendo aprobada por unanimidad por el grupo de Diputados que integran la sesión permanente del Congreso del Estado, por lo que se continuará con las gestiones necesarias para ver concretado en un corto plazo dicho planteamiento.
Además dijo que deberá de haber la instalación de una oficina con personal especializado en asesoría legal en materia agraria, que brinde información a quienes lo necesitan para con ello abatir el rezago histórico que se tiene en materia de la tenencia de la tierra y regulación de documentos agrarios.
