Sheinbaum criticó la administración anterior del INAI, destacando las denuncias de corrupción que se habían presentado desde 2018. La mandataria señaló que, a pesar de las denuncias de trabajadores sobre irregularidades en el manejo de sueldos y recursos dentro de la Auditoría Superior de la Federación, los problemas nunca fueron suficientemente abordados por quienes ahora defienden al INAI. “No era problema antes para los que hoy defienden a capa y espada. Se les olvidó la corrupción en la Auditoría Superior de la Federación”, comentó.
Sheinbaum hizo referencia a diversas prácticas irregulares que se detectaron en la Auditoría, como el nepotismo y el uso indebido de fondos públicos. También mencionó que los comisionados del INAI habían incurrido en gastos indebidos relacionados con viajes, comidas y el uso incorrecto de tarjetas corporativas para fines personales, sin acreditar que estos gastos fueran necesarios para el desempeño de sus funciones. «Los comisionados incurrieron en cargos con las tarjetas corporativas sin acreditar los viáticos, sin demostrar que fueran estrictamente necesarios», explicó.
Frente a estas acusaciones, Sheinbaum destacó que la desaparición del INAI como organismo autónomo permitirá eliminar estos problemas de corrupción. La presidenta aseguró que el gobierno federal, a través de la Secretaría Anticorrupción y otros mecanismos, mantendrá un sistema de transparencia más eficiente, en el que la ciudadanía podrá revisar fácilmente el gasto y las funciones del gobierno mexicano. «Va a haber más transparencia, ahora la desaparición como organismo autónomo lo que hace es acabar con esto», afirmó.
En su discurso, Sheinbaum subrayó que la eliminación del INAI también significará el ahorro de mil millones de pesos que anteriormente se destinaban a su funcionamiento. «Lo que ya no va a haber son mil millones de pesos que se destinaban para esto», indicó. Además, remarcó que el compromiso del gobierno con la transparencia y la rendición de cuentas no se ve afectado por esta reforma, ya que estas son obligaciones sustantivas del gobierno.