Jonathan Bass Herrera, juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, concedió la suspensión provisional en un amparo promovido por la asociación civil Justicia Justa, en los siguientes términos:
«Se concede la suspensión provisional, para el efecto de que mientras se dicte la resolución de suspensión definitiva, las autoridades responsables se abstengan de ejecutar los actos impugnados, para lo cual, deberán de suspender de inmediato los espectáculos taurinos en la Alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, así como el otorgamiento de permisos para realizar dichos espectáculos».
El juez resolverá el 2 de junio si concede una suspensión definitiva, que se prolongaría durante todo el tiempo que tome resolver el juicio de amparo que impugna las autorizaciones para las corridas, lo que puede tomar de seis meses a un año.
Mientras tanto, las autoridades de la Ciudad de México señaladas como responsables en el amparo pueden impugnar la suspensión provisional ante un tribunal colegiado de circuito.
La Plaza México ya tuvo tres corridas de toros y dos novilladas entre abril y mayo, y el próximo evento de la temporada es una novillada el 2 de julio, seguida por dos corridas y tres novilladas entre septiembre y octubre.
En semanas recientes, varias asociaciones civiles han promovido amparos de este tipo, buscando un bloqueo judicial contra la tauromaquia en la Capital, pero ningún juez había concedido una suspensión para frenarla.
La Asamblea Legislativa de la Ciudad de México ha discutido desde hace años iniciativas y dictámenes para prohibir las corridas, pero nunca ha existido mayoría para aprobarlos.
El 1 de junio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia -donde Bass fue secretario del Ministro en retiro Fernando Franco- discutirá, y probablemente aprobará, una sentencia que lanza una fuerte condena contra las corridas de toros y las peleas de gallos.
En ese amparo, la Corte no prohibirá las corridas, sino que invalidará un decreto del Congreso de Nayarit que en 2019 declaro a la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial de la entidad.
El proyecto en la Corte describe el «dolor agónico y excesivo» que padece el toro de lidia, afirma que las corridas violan el derecho humano a un medio ambiente sano, y perfila que el Poder Judicial no objetara las reformas a leyes estatales para prohibir la fiesta brava.