Al respecto, la titular de la FEM, Wendy Paola Chávez Villanueva, destacó que se pone de manifiesto la certeza jurídica brindada a la familia de la víctima durante el proceso de investigación.
“Sobresale que es el primer soldado americano extraditado a México por un delito de género, lo que confirma que con independencia de la calidad del imputado y su estancia en otro país, se agotaron las instancias con una celeridad inusitada y colaboración binacional para que tanto la extradición como los procesos penales correspondientes se desarrollaran en apego a la debida diligencia”, expresó.
Chávez Villanueva, explicó que como parte de la colaboración internacional se sostuvieron reuniones periódicas en donde se detectaron indicios de mucho interés en Estados Unidos, mismos que fueron solicitados por vías diplomáticas correspondientes para que formaran parte del acervo probatorio que hay en la investigación a fin de agotar todos los medios al alcance de esta representación social para el esclarecimiento de los hechos.
La cooperación y coordinación binacional entre el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a través de la Homeland Security Investigations y demás autoridades estadounidenses, permitió a la Unidad de Feminicidios en Ciudad Juárez, obtener la información de las fechas en que el imputado cruzó de El Paso, Texas hacia Ciudad Juárez.
Por medio de las investigaciones ministeriales a cargo de la FEM se tuvieron los elementos de prueba sobre la posible participación del imputado en la privación de la vida de la mujer, ocurrida el 07 de abril de 2023, al interior de un domicilio de la colonia Anáhuac, en la fronteriza Ciudad Juárez.
Conseguida la orden de aprehensión girada por un Juez de control del Distrito Judicial en contra de Saúl L.V., se solicitó su extradición a través de la Fiscalía General de la República, concretándose el 20 de febrero de 2024, cuando fue detenido por parte del Gobierno de los Estados Unidos y entregado a las autoridades nacionales en el puente internacional Paso del Norte, donde se le cumplimentó el mandato judicial.
Durante la continuación de audiencia inicial, esta representación social enfatizó las razones de género contempladas en la normativa y estándares internacionales para contextualizar las agravantes en la privación de la vida de la víctima.
El Juez conocedor de la causa penal en el Distrito Judicial Bravos determinó que los datos de prueba expuestos por esta representación social, consistentes en informes periciales, entrevistas, testimoniales y el análisis de información binacional, eran suficientes para vincular a proceso al imputado, quien enfrentará su situación jurídica bajo la medida cautelar de prisión preventiva en prisión preventiva en el Cereso número tres.
**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el detenido se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).