Diputados de la 67 Legislatura de Chihuahua, solicitaron al Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, destine el recurso suficiente para que todos los elementos de vialidad a su cargo, incluyendo los municipios de Chihuahua, Ojinaga y Ahumada, porten una videocámara de solapa durante todo el horario que permanecen activos.
El exhorto se extiende a los 64 ayuntamientos restantes del Estado y para que establezcan en su reglamentación de vialidad y tránsito, la obligatoriedad para que porten esta herramienta tecnológica durante toda su jornada laboral.
Lo anterior, una vez aprobada la proposición presentada por la diputada Adriana Terrazas Porras, quien expuso que la percepción de confianza que la ciudadanía tiene sobre el actuar de las autoridades de seguridad pública, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, en el Estado de Chihuahua, ha venido en aumento en los últimos años, sin embargo, aún deben seguirse generando acciones que le permitan al pueblo saberse protegidos por sus autoridades.
Una de las acciones, es la de exigir que los elementos de vialidad porten videocámaras que graben durante todo su horario de servicio, en especial a la hora de su patrullaje e interacción con la ciudadanía, sobre todo, al momento de realizar revisiones a los conductores, a fin de que pueda eliminarse por completo los malos tratos y los actos de corrupción.
“Si bien, reconocemos los grandes avances que se tienen al respecto, no podemos ser omisos en que podrán existir algunos elementos que en algún momento podrán abusar de su poder y, con ello, dejar de lado su promesa de proteger a las y los chihuahuenses”, señaló la legisladora.
Asimismo, dijo que el artículo 15 de la Ley de la Ley de Vialidad y Tránsito en el Estado de Chihuahua, se contempla la obligación de que todos los elementos de policía vial porten una videocámara que grabe sus intervenciones, las denuncias de los ciudadanos, nos indican que éstas no siempre se encuentran en funcionamiento, lo mismo sucede con algunos de los municipios en los que la obligación se deja de manera discrecional, señalando que podrán o no portar esta herramienta tecnológica, cuando debe dejarse estipulado en las reglamentaciones municipales la obligación de que ésta se mantenga en funcionamiento en todo momento, para que así puedan corroborarse las acciones de nuestras autoridades.
Si bien, dijo, en ocasiones, algunas videocámaras pueden encontrarse en mantenimiento, o no contar con el equipo necesario, puede dejar en estado de indefensión a cualquiera de las partes, ya sea a la autoridad o al gobernado, pues el no contar con este instrumento, no se tiene la certeza de que lo que se diga en alguna acusación sea completamente cierto, hasta realizar las investigaciones pertinentes.
De ahí que la eliminación de la discrecionalidad en la utilización de las videocámaras para los elementos de seguridad vial es necesaria.