Ignacio Madero Felipe, representante de los rarámuris e integrante del Consejo Supremo, precisó que en 1954 fueron entregados terrenos por parte del Gobiefno Federal y en 1962 fueron divididos de forma parcial, pero no se entregaron a los rarámuris 22 mil hectáreas, las cuales se encuentran invadidas por ganaderos de Nonoava.
A partir de esa fecha comenzaron con una lucha para recuperar las hectáreas que les habían quitado y fue en abril del 2016, durante la administración de César Duarte Jáquez, cuando se llegó a un acuerdo que a la fecha no ha tenido frutos, pues en este se estableció que se entregarían las hectáreas, pero además se pagaría una indemnización de 16 millones de pesos.
Madero Felipe comentó que debido a que no se entregó este recurso a los afectados, se interpuso una denuncia contra la abogada Estela Mondragón por ser ella la apoderada legal del ejido y detalló que hasta el momento la comisión estatal de pueblos indígenas, titulada por la activista Petty Guerrero no los ha apoyado pues son cómplices.
Por tal motivo acudieron al Congreso del Estado y se entrevistaron con asesores del grupo parlamentario de Morena, sin embargo el coordinador Miguel Ángel Colunga no los atendió personalmente.