La legisladora de Acción Nacional señaló que el desabasto de medicinas en las instituciones de salud pública a nivel federal, se ha convertido en un problema recurrente en el sexenio del Presidente López Obrador, el cual inició con el veto a empresas distribuidoras de productos farmacéuticos, imposibilitando su participación en licitaciones y adjudicaciones en el sector salud por supuestos “influyentismo y corrupción”.
En el año 2021, el General Jens Pedro Lohmann es nombrado como titular de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (BIRMEX), por lo que durante este periodo quedó a cargo del abasto de medicamentos, los cuales llegaban de llegaban de manera tardía, o no llegaban a las instituciones de salud en todo el país, por lo que se tuvo que modificar el proyecto para buscar cumplir con esta encomienda.
Recientemente el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la creación de una “megafarmacia” ubicada en el centro del país, para atender el desabasto de medicamentos y material de curación, el cual no ha podido subsanar en toda su administración, y que requerirá una inversión aproximada de 3 mil millones de pesos. Esta “megafarmacia” se inaugurará el 30 de diciembre del año el curso y quedará, a pesar de las fallas anteriores, a cargo de otra vez el militar en retiro Jens Pedro Lohmann y BIRMEX.
Martínez Díaz cuestionó el deseo de volver a utilizar un proyecto que no funcionó anteriormente, así como el deseo de centralizar la distribución de medicamentos. Estas decisiones han generado preocupación en el sector farmacéutico mexicano, pues consideran inviable que una sola dependencia distribuya los medicamentos por todo el país y traerá como resultado que más mexicanos se queden sin el tratamiento médico que necesitan.
A esto agregó que no se encuentran en contra de la ejecución de programas que buscan eficientar los sistemas para beneficiar a la ciudadanía, pero se debe exigir una operación correcta y transparente, licitaciones para la adquisición de los productos conforme a lo establecido en la ley, con proveedores que garanticen la calidad y los mejores precios del mercado; que el manejo de la distribución de medicamentos se realice de manera sistemática y adecuada, y sobre todo, que dicho programa sea acorde a las necesidades de los derechohabientes.