La legisladora detalló que con el acuerdo número 10/09/23 en el que se establecen las Normas Generales para la Evaluación del Aprendizaje, Acreditación, Promoción, Regularización y Certificación de las alumnas y los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación, elimina la asistencia ordinaria a clases como uno de los criterios de la acreditación.
Lo anterior, luego de que se deroga el acuerdo 11/03/19 que contemplaba en el artículo 11 que a partir de tercer grado los alumnos y alumnas deben tener un mínimo del 80% de las asistencias del ciclo, más un promedio mínimo de seis y haber obtenido la calificación aprobatoria en al menos seis asignaturas, para poder acreditar el grado escolar.
Advirtió que el impacto que tiene esto en la calidad educativa de los y las alumnas de educación básica es altamente negativo, el convivir en un salón de clases no solo fortalece el desarrollo intelectual, sino mejora el desarrollo psico social y la capacidad de reacción a la sociedad de los niños y las niñas.
De acuerdo con la UNICEF la escuela es el componente fundamental para garantizar el sano desarrollo de la personalidad, la inteligencia y el comportamiento, así como la formación de hábitos y compromisos que forman la personalidad de las y los estudiantes.
Señaló que según la tasa de abandono escolar por entidad federativa del ciclo 2021-2022 del INEGI, el Estado de Chihuahua registró una tasa deserción escolar de un 16.5 por ciento en nivel media superior y de un 10.0 en nivel superior, lo que lo posiciona a en la cabeza de la lista de las 32 entidades federativas, estas cifras exponen la influye la poca asistencia en los índices de abandono y deserción escolar.
“Dejar abierta la brecha de la asistencia o no a clases puede distorsionar el sistema educativo de nuestro país de una manera que ya no podamos recuperar, y el derecho a la educación ha sido una lucha histórica que continua en nuestra labor como representantes sociales.”, sentenció Salazar.
Por último, sentenció que velar por la educación de calidad no solo se trata de una obligación del estado, también es un derecho para los niños, niñas y adolescentes, por lo que desenvolverse de manera integral en las aulas y debe ser una prioridad en los temas legislativos en este Congreso.