Hasta hace poco, las autoridades de Estados Unidos y México compartían de manera rutinaria, aunque con cautela, inteligencia sobre casos importantes. Pero en diciembre, México promulgó una ley que requiere que las autoridades estadounidenses informen sobre sus contactos policiales en el país al Gobierno mexicano, que los investigadores estadounidenses consideran ampliamente como corruptos.
La nueva política ha llevado a los investigadores de ambos lados de la frontera a poner en pausa su cooperación, temerosos de que las nuevas reglas puedan comprometer los casos o, peor aún, la posibilidad de conseguir informantes.
Las operaciones sobre el terreno, incluidas redadas en laboratorios de drogas mexicanos, han cesado en gran medida y las autoridades estadounidenses ahora luchan por rastrear los movimientos de cocaína con destino a Estados Unidos desde Venezuela y Colombia a través de Centroamérica y hacia México, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.
Algunos agentes antidrogas estadounidenses que trabajaban en México informaron que habían sido seguidos por la policía local, lo que generó alarmas sobre su seguridad. Y decenas de agentes del orden de Estados Unidos no pueden obtener visas para trabajar en México.
«La mayoría de nuestros casos más importantes están paralizados», dijo a Reuters un alto funcionario policial de Estados Unidos.
«Si tenemos que informar nuestras fuentes a su Ministerio de Relaciones Exteriores, se ponen en peligro nuestras fuentes y métodos. El sistema está configurado intencionalmente ahora para que la policía mexicana no pueda ayudarnos».
Un alto funcionario militar mexicano dijo que su país no ha realizado prácticamente ningún esfuerzo antidrogas con Estados Unidos desde que se aprobó la nueva ley.
«Sin el apoyo de Estados Unidos, en tecnología e inteligencia, será más difícil contener el crimen», dijo el funcionario.
Portavoces de la Secretaría de Seguridad Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Armada de México, que desempeñan roles destacados en los esfuerzos internacionales por contener el narcotráfico, no respondieron a las consultas para este artículo. Pero un funcionario mexicano familiarizado con el asunto describió la ruptura como más administrativa y temporal que sustantiva.
«No es que la cooperación esté ahora paralizada», dijo el funcionario, hablando bajo condición de anonimato. El funcionario predijo que las cosas volverán a la normalidad cuando quede claro qué funcionarios mexicanos tendrán acceso a información sensible.
México adoptó la nueva ley poco después de que Estados Unidos arrestara al ex Secretario de Defensa mexicano Salvador Cienfuegos acusado de ayudar a los cárteles a contrabandear miles de kilos de heroína, cocaína y metanfetamina.
El arresto fue parte de lo que algunos funcionarios estadounidenses describieron como una nueva voluntad de los investigadores estadounidenses de atacar los vínculos entre los cárteles de la droga y las altas esferas del gobierno de México.
Pero en México, provocó una reacción inesperada.
Los funcionarios estadounidenses han visto durante mucho tiempo su asociación con las autoridades mexicanas como una parte esencial, aunque tensa, de su esfuerzo para atacar a los cárteles que exportan drogas ilegales a Estados Unidos. A su vez, las autoridades mexicanas confiaron en Estados Unidos para ayudar a frenar las aproximadamente 200.000 armas que se contrabandean anualmente hacia el sur.
Ahora, la administración del presidente Joe Biden lidia con una oleada de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, y a medida que las muertes mensuales por sobredosis de drogas en Estados Unidos alcanzan máximo históricos, la cooperación se ha estancado, dijeron las autoridades. Por ejemplo, dijeron funcionarios estadounidenses, México ya no proporciona unidades militares mexicanas para realizar redadas cuando los agentes estadounidenses identifican laboratorios de carteles.
«Los grandes ganadores son los cárteles», dijo Timothy Shea, quien renunció en enero como director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos. «Es justo lo que querían los cárteles para poder expandir su alcance y pasar de contrabando más drogas mortales a Estados Unidos».
Ricardo Márquez, un alto funcionario de seguridad nacional en México bajo el Gobierno anterior, dijo que las nuevas reglas restringen significativamente el intercambio de inteligencia, ya que dejan a las fuentes vulnerables a filtraciones potencialmente dañinas que podrían alertar con anticipación a los criminales de alta prioridad sobre las redadas.
«No sabes en quién puedes confiar», dijo Mark Morgan, quien dirigió la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos hasta enero. «No sabes quién es corrupto. Y eso es un desafío».
Si los investigadores estadounidenses se ven obligados a revelar las fuentes al Gobierno mexicano, dijo, «existe una gran probabilidad de que esas fuentes terminen muertas».
Dos altos funcionarios estadounidenses dijeron que la DEA no es la única agencia afectada y que el problema no se limita a los casos de drogas. Explicaron que la nueva ley de México ha interrumpido los casos transnacionales manejados por la Oficina Federal de Investigaciones, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos e Investigaciones de Seguridad Nacional, el brazo de investigación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Los funcionarios de esas agencias se negaron a responder preguntas sobre la situación.
En un comunicado, la portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Nicole Navas Oxman, dijo que «continúa la cooperación activa y efectiva en materia de aplicación de la ley entre Estados Unidos y México.
Un funcionario de Investigaciones de Seguridad Nacional dijo que si bien la cooperación con agentes federales mexicanos en materia de drogas, contrabando de armas y tráfico de personas «sigue siendo sólida», los funcionarios estatales y locales en México dudan en reanudar su trabajo con agentes estadounidenses, citando incertidumbre sobre la nueva ley.
Bajo la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, México ha vuelto a marcar públicamente la importancia de la cooperación en materia de seguridad con Washington mientras intenta reducir la escalada de años de violencia alimentada por pandillas evitando la confrontación directa con los carteles.
López Obrador, un izquierdista que hace constantes referencias a la historia, busca preservar la soberanía mexicana de la interferencia externa y ha presionado a Washington para que brinde apoyo económico en lugar de asistencia de seguridad.
Según la nueva ley, los agentes de la ley mexicanos temen represalias tanto de sus supervisores, designados políticamente, como de los cárteles, dijo Vanda Felbab-Brown, investigadora principal de Brookings Institution.
«Incluso las personas en las que se ha confiado y han sido examinadas, y que están comprometidas y motivadas, no sienten que realmente puedan interactuar con los funcionarios estadounidenses de manera significativa en este momento», dijo.
«Es demasiado peligroso».
Proceso de alto perfil
El enfriamiento en las relaciones comenzó el año pasado después de que agentes estadounidenses arrestaran a Cienfuegos, ministro de Defensa de México de 2012 a 2018, por cargos de drogas.
Los funcionarios estadounidenses sopesaron los riesgos de un estallido diplomático antes de que un gran jurado lo acusara en 2019 y decidiera seguir adelante. Mantuvieron los cargos en secreto hasta octubre de 2020, cuando Cienfuegos fue arrestado luego de viajar a Los Ángeles de vacaciones.
En documentos judiciales, los fiscales estadounidenses dijeron que Cienfuegos usó su cargo oficial para ayudar al cartel H-2, conocido por sus «innumerables actos de horrible violencia, incluida la tortura y el asesinato».
Funcionarios estadounidenses citaron mensajes de Blackberry interceptados y dijeron que Cienfuegos aceptó sobornos del cártel H-2 a cambio de protección y por alentar redadas contra cárteles rivales. Los agentes antidrogas estadounidenses dicen que el cartel se refería a Cienfuegos como «El Padrino».
Cienfuegos negó los cargos y su arresto desencadenó una disputa diplomática. En un mes, las autoridades estadounidenses acordaron abandonar el caso por «razones de política exterior», dijeron fiscales en un expediente judicial, y devolver a Cienfuegos para su investigación en su país natal.
La molestia mexicana por el caso se originó inicialmente por lo que las autoridades consideraron un abuso de confianza por parte de sus socios encargados de hacer cumplir la ley, por investigar a Cienfuegos durante años sin informar a nadie en México. El Canciller y el Presidente de México solo se enteraron del caso después de su arresto.
Las autoridades mexicanas luego hicieron pública la evidencia en contra de Cienfuegos proporcionada de manera confidencial por investigadores estadounidenses, lo que erosionó aún más la confianza entre las dos partes.
Las autoridades mexicanas dijeron que dieron a conocer la evidencia para mostrar a un público sospechoso la debilidad de la evidencia, basándose en comunicaciones interceptadas que los investigadores mexicanos dijeron que nunca identificaron de manera convincente a Cienfuegos.
La reacción de México al manejo del caso por parte de la DEA también refleja una prolongada incomodidad con lo que algunos políticos describen como excesos de Estados Unidos en materia de seguridad que violan la soberanía del país, sin resultados tangibles en detener la violencia o el flujo de drogas, armas y dinero entre los dos países.
El abogado de Cienfuegos no respondió a una solicitud de comentarios.
Su liberación fue un reconocimiento tácito por parte de Washington de que la relación de Estados Unidos con México era más importante que Cienfuegos, y una apuesta de que devolverlo a México terminaría con la brecha diplomática.
No fue suficiente.