Esta empresa extendió facturas y servicios al gobierno del estado que no se realizaron por una cantidad de 120 millones de pesos a través de cuatro transferencias bancarias, realizadas por una institución bancaria que en ese entonces prestaba sus servicios a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El fiscal general del Estado, Cesar Jáuregui, señaló que cuando el exgobernador fue detenido con fines de extradición y trasladado a Chihuahua para enfrentar su proceso penal por el cual se le extraditó y que en estos momentos se encuentra en la etapa procesal de la audiencia intermedia, a la semana de ello se presentó la solicitud al gobierno de Estados Unidos para hacer valer el principio de excepción, relacionado con otras causas penales que se había presentado por la Fiscalía General del Estado.
Jáuregui, indicó que es importante contar con esa aprobación, ya que en el tratado de extradición que tiene el gobierno de Mexico con el gobierno de Estado unidos se establece con toda claridad que cuando alguien es extraditado solo puede ser juzgado en el país de origen por el delito que generó la extradición.
Salvo que el propio gobierno de Estados Unidos pida aplicar el proceso de excepción en relación con otros procesos penales.
Este proceso se inició desde 2018.
En ese sentido, el fiscal explicó que esta orden no era «nueva», ya que se solicitó bajo el criterio de «Estado de Excepción» una semana después de que fue extraditado desde Miami por autoridades de Estados Unidos.
Los depósitos se realizaron en las siguientes fechas a la empresa privada:
40 millones de pesos: 30 de marzo de 2015
40 millones de pesos: 6 de mayo de 2015
30 millones de pesos: 15 de abril de 2015
40 millones de pesos: 9 abril de 2015
10 millones de pesos: 4 de julio de 2016