Los datos están contenidos en el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México, elaborado por recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida el 28 de noviembre de 2018.
Este diagnóstico fue elaborado con base en la información obtenida a través de mil 280 entrevistas a mujeres privadas de libertad en 66 penales distribuidos en las 32 entidades de la República, se informó. Las 71 víctimas de tortura interpusieron las denuncias del 2011 a la fecha, correspondiendo al año 2019 el mayor número de casos, cuando los centros penitenciarios eran controlados por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).
Refiere que a nivel nacional, dentro del período comprendido de enero del año 2006 a julio de 2021, las fiscalías analizadas recibieron un total de 10 mil 678 denuncias por el delito de tortura, de las cuales 221 se iniciaron con la agravante de violencia sexual.
El Estado de México acumula el mayor número de víctimas, con 8 mil 611 denuncias; seguido de Puebla, con 312; Hidalgo, 186; Quintana Roo, 154; Oaxaca, 127; Baja California, 115; Tabasco, 114; Tamaulipas, 113; Colima, 96; Aguascalientes 84, y Chihuahua, con 71 denuncias, cita el documento oficial.
Menciona, además, que el Poder Judicial del Estado de Chihuahua señaló que cuenta con un área especializada en atención a temas de tortura, siendo el único estado que refirió contar con un área en la materia.
Agrega que respecto a casos de mujeres víctimas de tortura sexual del período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de julio de 2021, los poderes judiciales de siete estados: Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Chihuahua, remitieron información de expedientes o causas radicadas en los juzgados y tribunales de su competencia, señalando un total de 20 casos de tortura sexual cometida contra mujeres, se registraron un total de 49 víctimas.
En total se obtuvieron siete sentencias reportadas, el 28.57 por ciento se emitió en sentido absolutorio en el estado de Jalisco y el 71.42 por ciento fueron condenatorias en los estados de Chihuahua y Estado de México, señalando a 17 personas responsables.
Los poderes judiciales estatales proporcionaron información relacionada con expedientes o causas penales de mujeres víctimas de tortura sexual del período comprendido para el estudio del diagnóstico, y de los datos recabados se infiere que las denuncias por hechos de tortura sexual y malos tratos, pocas veces son sucedidas por juicios penales; por lo tanto, la conducta ilícita se sanciona de forma muy limitada.