No obstante, ahora se ha revelado que una cantidad considerable de menores que cuentan con la ciudadanía estadounidense también fueron separados de sus padres conforme a la política de cero tolerancia, mediante la cual los padres migrantes fueron procesados penalmente y encarcelados por haber cruzado la frontera sin autorización.
Según los abogados y defensores de migrantes que trabajan con el gobierno para encontrar a las familias, cientos de menores, tal vez 1000, que nacieron en Estados Unidos fueron separados de sus padres inmigrantes en la frontera.
En muchos casos, los niños nacidos en Estados Unidos fueron ubicados en hogares de acogida durante largos periodos, y algunos aún no se han reunido con sus padres. Casi cinco años después de que se produjeron las separaciones, siguen perdidos en el sistema.
“Ni siquiera sabemos dónde están sus padres o si los padres saben dónde están sus hijos”, dijo Paige Chan, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro Together and Free, quien trabaja con un equipo del gobierno encargado de averiguar el paradero de las familias separadas. “El gobierno de Estados Unidos apenas está comenzando a contabilizar el número de ciudadanos estadounidenses que fueron sometidos a este trauma inimaginable”.
Ya se sabe que aproximadamente 5500 menores nacidos en el extranjero fueron separados de sus padres por esa política. En promedio, la separación duró unas cuantas semanas, pero en algunos casos se prolongó durante años.
Estas revelaciones constituyen la primera confirmación de que los niños nacidos en Estados Unidos que estaban viajando con sus padres migrantes también fueron víctimas de la política de separación, la cual se oficializó a lo largo de la frontera en abril de 2018, después de ponerse a prueba el año anterior en El Paso, Texas.
Como ciudadanos estadounidenses, los niños no contaban con ningún otro derecho que hubiera impedido que los separaran de sus padres encarcelados, señalaron los analistas jurídicos. De hecho, tal vez habría sido una desventaja porque su condición de ciudadanos los ponía de manera automática bajo la supervisión de las autoridades estatales para el bienestar de la infancia, lo que complica los trabajos de rastreo para volver a ponerlos en contacto con sus padres.
Mientras que los niños nacidos en el extranjero fueron transferidos a refugios administrados por la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, donde los registraron en bases de datos a nivel federal y finalmente les permitieron hablar por teléfono con sus padres, pero no se aplicó el mismo procedimiento para los menores que fueron enviados a los sistemas estatales de cuidado tutelar. Mediante diversos criterios, se les otorgó a los tribunales la facultad de decidir cómo gestionar los casos de manera independiente.
La situación empeoró más cuando los padres fueron deportados.
“En teoría, un tribunal para menores establece si al infante le conviene más reunirse con alguno de sus padres, aunque haya sido deportado o esté sujeto a una deportación inminente”, dijo Carlos Holguin, un abogado que ha representado a miles de niños migrantes en custodia del gobierno.
Si un juez decide que un niño no regresará con su padre migrante y no tiene a ningún familiar estadounidense disponible, el menor podría quedar bajo cuidado tutelar hasta que cumpla 18 años, explicó Holguin.
La mayoría de estos niños nacieron en Estados Unidos y son hijos de padres inmigrantes que regresaron a su país de origen en medio de una economía cada vez peor y el aumento de la violencia de pandillas en Centroamérica y México.
A los padres de ciudadanos estadounidenses no se les permite de manera automática quedarse en Estados Unidos, aunque después de cumplir 21 años, esos hijos pueden patrocinarlos para que obtengan su permiso de residencia.
Como los expedientes oficiales están dispersos e incompletos, el gobierno tardará meses en revisar los archivos para identificar a los padres y a los niños separados y luego intentar determinar su paradero en Estados Unidos o en el extranjero, explicaron varios defensores de inmigrantes que han estado trabajando para rastrear los casos con el equipo interinstitucional liderado por el Departamento de Seguridad Nacional.
Angelo Fernández, vocero del departamento, confirmó que un número indeterminado de ciudadanos estadounidenses menores de edad había sido víctima de las separaciones en la frontera y aseveró que el grupo de trabajo ha estado “peinando los expedientes” para identificarlos.
El departamento ha estado alentando a las familias separadas a que se registren en un sitio web creado para garantizar que reciban algunos servicios, comentó.
Leecia Welch, subdirectora de litigios de Children’s Rights, organización que litiga casos relacionados con niños en la frontera, dijo que el descubrimiento de tantos niños ciudadanos estadounidenses añade un nuevo reto a lo que ya era un problema difícil.
“Cuando crees que no puede ser peor, oyes nuevos datos sobre el horror de esa política”, dijo.
Chan señaló que su organización tenía conocimiento de al menos 226 niños estadounidenses que habían sido enviados a la agencia de servicios de protección infantil en el condado de San Diego, California. Y añadió que no se tienen registros de infantes separados que hayan sido enviados a cuidado tutelar en Arizona, Nuevo México y Texas.
Niños de diversas edades y nacionalidades fueron víctimas de la política de separación, cientos de los cuales tenían menos de 5 años. En ese momento, el gobierno de Trump aseveró que dicha política era un intento de frenar a los miles de padres que, según las autoridades, estaban poniendo en riesgo a sus hijos al llevarlos a la frontera en travesías muy peligrosas.
Las autoridades aseguraron que separar a los menores de padres que van a ser encarcelados es una práctica habitual. En otros casos, es común que separen a los niños de padres que son ciudadanos estadounidenses, por ejemplo, cuando las mujeres dan a luz mientras están en la cárcel o cuando ha habido violencia o abandono por parte de los padres.
No obstante, las imágenes y los audios de los traumatizados niños llorando después de que se los quitaron a sus padres migrantes provocó una gran indignación a nivel nacional e internacional y la política fue revocada.
En junio de 2018, un juez federal de California le ordenó al gobierno que reuniera a los menores con sus padres como respuesta a una demanda judicial colectiva entablada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) contra la política de separación. Las autoridades federales facilitaron la reunificación de padres y niños que seguían en custodia, pero muchos de los padres habían sido deportados.
Desde entonces, cerca de 900 padres y hermanos deportados han sido llevados de regreso a Estados Unidos y les han permitido quedarse en el país bajo una situación legal provisional hasta que se llegue a un acuerdo a largo plazo.
Las familias que se han vuelto a reunir han sido canalizadas a servicios de salud mental financiados por el gobierno, y la ACLU está pugnando para que se les ofrezca a esas familias una manera de obtener la permanencia en Estados Unidos como compensación por el daño provocado por las separaciones.
El mes pasado, Lee Gelernt, quien lidera el caso judicial para esta organización de derechos civiles, dijo en el tribunal que las negociaciones con el gobierno estaban “avanzando con rapidez”, lo que indica que quizás pueda llegarse a un acuerdo.
Cuando los defensores de los inmigrantes descubrieron que niños con ciudadanía estadounidense habían sido separados de sus padres, solicitaron que también se incluyera a esos niños en la demanda colectiva para garantizar que tuvieran derecho a los mismos recursos y servicios del gobierno que el grupo más amplio.
“Se trata de la tarea incompleta de corregir la cruel política que devastó a las familias y traumatizó a los niños”, dijo Mark Rosenbaum, abogado de Public Counsel, un bufete de interés público que representó a familias separadas en una demanda relacionada.
“Hay todo un grupo de familias con niños ciudadanos que quedaron al margen”, dijo Rosenbaum. “Estos padres e hijos sufrieron los mismos daños”.
Durante un tiempo, las negociaciones de acuerdos separados también incluyeron discusiones sobre la compensación monetaria para las familias migrantes. Pero los informes de 2021 de que el gobierno de Biden estaba considerando pagos de hasta 450.000 dólares por cada persona afectada por la política suscitaron críticas de los legisladores conservadores, que dijeron que las personas que entraron al país de manera ilegal no deberían tener derecho a una gran indemnización. El presidente Biden negó que se estuviera considerando una suma semejante, y el gobierno suspendió las negociaciones sobre daños y perjuicios.
Sin embargo, cualquier persona agraviada por Estados Unidos puede presentar demandas contra el gobierno, y muchas familias lo están haciendo con la ayuda de la ACLU, así como de otros grupos y abogados privados.
Vilma Carrillo, quien en la frontera de Arizona fue separada de Yeisvi, su hija estadounidense que tenía 11 años, recuerda cómo los funcionarios de inmigración cercanos al centro de detención de Georgia donde estaba alojada llamaban a una madre tras otra para reunirlas con sus hijos. A ella nunca la llamaron.
Sin embargo, según Carrillo, le devolvieron la custodia y posteriormente se le comunicó que su hija había sido ubicada en un hogar de acogida, porque era estadounidense.
Según los abogados de inmigración, los niños nacidos en el extranjero fueron reunidos con sus padres más fácilmente porque estaban en refugios del gobierno y podían ser transportados rápidamente a la ubicación de sus padres, sin pasar por la burocracia de los sistemas de acogida estatales.
Carrillo, quien fue detenida por las autoridades de inmigración mientras Yeisvi estaba en el sistema de acogida, se reunió con ella más de seis meses después, luego de que una organización de ayuda legal presentara una demanda en su nombre. Ahora viven juntas en Estados Unidos.