Las operaciones, según el Ministerio Público, las habría ejecutado bajo la razón social de Hermanos Valles Baca, una de las empresas familiares del imputado, que por cierto, fue objeto de una exhaustiva auditoria por parte de la Secretaría de Hacienda durante los años 2017 y 2018, sin que se hubiera encontrado irregularidad alguna en sus actividades, a pesar de que se puso especial énfasis en la información fiscal de los años 2014-2015.
Anteriormente, a principios del 2018, el gobierno del estado procedió al aseguramiento del rancho El Milagro localizado en el municipio de Villa López, cercano a Parral, bajo el argumento de que éste era propiedad del exgobernador César Duarte Jáquez y del cual Otto V. era su prestanombre. Sin embargo, la acción de la justicia llegó sólo hasta ahí, pues se pudo comprobar que el inmueble legítimamente es propiedad de la familia Valles Baca, esto en medio de un episodio mediático en el que el empresario confrontó al gobierno, al exhibir sus procedimientos y replicar expresiones del Ministerio Público que encabezaba el operativo, quien habría manifestado: “andamos buscando la tanga de Juan Gabriel”.
En julio de ese mismo año, siendo Otto V. candidato a diputado federal por el Noveno Distrito a propuesta del Partido Verde Ecologista, justo el día en que concluía el periodo de campañas, otro operativo fue desplegado en contra de propiedades de la familia Valles Baca, en esta ocasión asegurando fincas localizadas sobre la avenida Juárez y otras arterias adyacentes, bajo el mismo argumento de ser propiedades del exgobernador Duarte, pero siempre haciendo mención a la relación de Otto con el ex-mandatario.
El candidato acusó al gobierno del estado de utilizar ese recurso aparentemente legal, para perjudicar su campaña y se mostró dispuesto a acudir ante los tribunales para responder ante la autoridad por cualquier acusación en su contra. La situación no paso de ahí.
El pasado día 17 de este mes, Otto V. B. fue objeto de otra embestida por parte del gobierno del estado. Agentes de la Fiscalía Estatal se apostaron en torno a su domicilio desde temprana hora a bordo de varios vehículos y pasadas las diez de la noche procedieron a presentarse en la entrada principal del inmueble, solicitando se les abriera y permitiera el paso, pues contaban con una orden de cateo con fines de arresto, en contra del empresario.
No hubo oposición. Los agentes ingresaron y entonces Otto V. les mostró un amparo concedido por un juez de distrito de lo federal, el cual de manera despreciativa pasaron por alto los agentes y violando las garantías legales que el documento le concedía, procedieron a su arresto.
Consecuencia de la despótica y preponte actuación de los elementos de la Fiscalía y la agente del Ministerio Público que encabezó el operativo, Otto V. sufrió un trastorno en su salud, lo que motivó su traslado al hospital del Seguro Social en Parral, donde se le apreció un problema cardiaco serio, que ameritaba atención médica y observación permanente pues estaba en riesgo su integridad.
Pese a ello, la agente que estaba al frente del arresto y bajo amenazas de acusar al personal médico de obstruir la acción de la justicia, procedió a trasladar al acusado al Cereso de Parral sin que los médicos del Imss concedieran el alta, esto alrededor de las 3:30 de la madrugada.
Valles Baca fue ingresado al penal, pero dado su estado de salud, inmediatamente fue instalado en el área de hospital con que cuenta el centro penitenciario, cuyo personal aceptó la mañana del día 18 que si “venía algo delicado de salud el señor”.
Ese mismo día se implementó la primera audiencia de formulación de cargos. Se programo para la 1:30 de la tarde, pero hubo de posponerse una hora más a petición de la defensa de Otto V., que solicitó ese lapso de tiempo para poder ver el expediente y saber de que se le acusa, pues hasta ese momento, ni el detenido ni sus abogados, sabían porque estaban ahí.
Con un tono hasta cierto punto jocoso, el Ministerio Público que encabeza al grupo de funcionarios que conforman la parte acusadora, hizo entrega en copia, de los más de tres tomos que conforman la investigación, aludiendo a la imposibilidad que podría resultar su lectura y análisis en una hora, pero si, dejando patente, que en la integración de la investigación se había violentado el derecho de audiencia del acusado.
La audiencia se reanudó con el alegato de la violación al amparo y la solicitud de la defensa para que se procediera a dejar en libertad al acusado, en tanto la parte acusadora argumento la nulidad del mismo por efectos de temporalidad, dado que primero se había concedido el amparo y posteriormente se había liberado la orden de aprehensión, lo que evidenció, que el aparato de la Fiscalía, actuó premeditadamente, esto es, que la mañana del día 17 en que se apostaron a las afueras del domicilio de Otto V., lo hicieron porque tenían conocimiento de que se había concedido un amparo. Esperaron a que transcurrieran las horas y entonces solicitaron la orden de aprehensión para poder alegar la temporalidad del mismo.
El juez desecho la solicitud de la defensa como era de esperarse y entonces prosiguió una larga y tortuosa exposición por parte del Ministerio Púbico, con excesivas redundancias y un manejo atropellado del lenguaje, en la formulación de una acusación sustentada en dichos de testigos protegidos -once al menos- algunos de ellos ilocalizables y la presentación de facturas y contratos, que suponen el desvío de poco más de 2 millones de pesos de las arcas públicas vía la simulación de la venta de 550 toneladas de semilla de avena y sorgo a Gobierno del Estado, a favor del empresario. Tras 14 horas la audiencia concluyó, con el esperado fallo del juez. Prisión preventiva.
El día 19 se llevó a cabo una segunda audiencia. Mismo esquema, misma verborrea, mismo tiempo, mismos testigos. Sólo una diferencia en el monto. Ahora fueron 20 millones de pesos, por la simulación en la venta al gobierno estatal de 5 mil toneladas de maíz en grano.
De lo rescatable, la manera como el Ministerio Público sustentó la tesis de la existencia del conflicto de interés, entre el acusado y el exgobernador Duarte: “se ha podido comprobar que una cuñada, esposa de un hermano del acusado, es tataranieta del bisabuelo de César Duarte”, esto como parte de haber desmenuzado todo una genealogía de familias ballezanas.
El empresario Otto Valles ha dicho que como siempre esta dispuesto a dar la batalla y en este sentido manifestó al término de la audiencia, que con estas acciones está más que confirmado que “es un perseguido y ahora preso político del actual gobierno del estado. Ni prestanombres, ni cómplice. He sido un perseguido político”, remarcó.
Lamentó que el gobierno del estado destine tanta cantidad de recursos económicos para llevar a cabo estos atropellos con fines meramente políticos, mientras el estado se sume en la peor crisis de seguridad e impunidad. No hay inversión ni obra pública, la economía de los chihuahuenses está estancada, se ha endeudado más a Chihuahua, los hospitales del estado están en pésimas condiciones por las carencias que sufren. No hay apoyo a la educación y en la sierra hoy más que nunca, los tarahumaras padecen hambre.
“Pero los recursos, el dinero, está destinado a la persecución y encarcelamiento de los adversarios políticos, los recursos que deben servir para atender las necesidades de los chihuahuenses, sirven hoy a un proyecto político que encabeza Javier Corral y cuyo fin es que el PAN siga gobernando Chihuahua y le sirva de plataforma para sus aspiraciones en el 2024. Eso no es Justicia para Chihuahua, es un engaño más de este gobernador”.