Así, se pretende pretende optimizar la coordinación entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad. Por ello, establece que la SSPC coordinará y dirigirá la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, así como los programas, las políticas y acciones respectivas, además de auxiliar a la persona titular de la presidencia de la República.
La nueva normatividad también otorga a la dependencia facultades de más poderes para tener un papel central en la investigación, la prevención y la persecución de los delitos, en colaboración con las instituciones de procuración de justicia del país.
También establece que los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines. Los recursos serán auditados y su debido ejercicio será vigilado por el Sistema Nacional de Seguridad a través del Secretariado Ejecutivo.
A diferencia de otras reformas que sólo han sido aprobadas por Morena y aliados, esta iniciativa contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados y el Senado.
Catálogo ampliado
La reforma sobre prisión preventiva oficiosa, que también entró en vigor el primer día de 2025, también fue propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y establece nuevos delitos que se harán acreedores a esta medida cautelar, como extorsión y el uso de comprobantes fiscales falsos.
Se estableció como nuevo delito que amerite prisión preventiva oficiosamente los casos de producción ilegal, preparación, adquisición, exportación, enajenación, importación y transportación de drogas sintéticas como fentanilo y derivados.
Estos nuevos casos se añaden al catálogo de acciones que ya ameritaban prisión preventiva oficiosa como: homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.
Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, entre otros.
Durante la discusión de la reforma en el Congreso, la cual fue aprobada el 27 noviembre en el Senado como Cámara Revisora, los legisladores decidieron retirar de la prisión preventiva oficiosa en los casos de narcomenudeo y defraudación fiscal contemplados en el dictamen.
La prisión preventiva oficiosa ha sido fuertemente cuestionada tanto por organizaciones no gubernamentales como por la propia ONU al considerar que contraviene principios esenciales de derechos humanos.