Recordó que es facultad del Poder Judicial, así como su obligación revisar la constitucionalidad de cualquier reforma, ya sea que afecte al mismo poder o a la ciudadanía, y que el grupo en el poder, en reconocimiento a este hecho, decidió quitarle esta facultad para así hacer reformas a su antojo.
Con esta aprobación las reformas constitucionales relacionadas con la Reforma Judicial establecerán que las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que contradigan dichas reformas serán consideradas improcedentes.
Asimismo, expuso que, en la actualidad, cinco de los 11 ministros de la Suprema Corte fueron propuestos por el anterior presidente y su resistencia a ceder ante los deseos del poder ha sido notable. “Ahora, el actual gobierno busca consolidar un control absoluto sobre el Poder Judicial con un solo movimiento: pretende elegir a todos sus integrantes, poniendo a los jueces al servicio del gobierno”, dijo.
Asimismo, hizo hincapié en que la integridad del sistema judicial y los derechos humanos son principios no negociables. “Los derechos deben ser respetados”, enfatizó, “con esta reforma, no solo se pone en riesgo la independencia judicial, sino que se socavan los fundamentos mismos de nuestra democracia, lo que podría llevar a un retroceso irreversible en el estado de derecho y la protección de los derechos humanos en México. La lucha por la justicia y la libertad es un deber de todos; la voz de cada ciudadano es crucial en este momento decisivo para el futuro de nuestra nación”, concluyó.