La gobernadora Maru Campos Galván, dijo ayer que la migración no puede ser considerada como delito, pues la propia carta de derechos humanos de Estados Unidos establece el libre tránsito de todas las personas como un derecho universal.
Esto, luego de que la Cámara de Representantes de Texas aprobara las leyes SB4 y SB3 en contra de la migración irregular, con las cuales catalogan este fenómeno como un delito.
La mandataria estatal afirmó que la migración es un derecho universal, y que todas las personas tienen entre sus garantías individuales el libre tránsito y bajo este precepto, no puede considerarse la migración como un delito.
Campos Galván dijo que es necesario estudiar más a fondo el tema, y en lo que corresponde a Chihuahua, mantendrá la asistencia humanitaria a todas las personas en situación de movilidad, para que su paso por el estado se dé en condiciones favorables.
La Ley SB4 convierte en delito menor el cruce indocumentado de la frontera y exige a la justicia estatal ordenar el regreso de los extranjeros a suelo mexicano, en lugar de que sean procesados en Estados Unidos; en caso de que el extranjero no cumpla con la orden del juez o cuente con antecedentes criminales, el cargo se convierte en delito grave, lo que conlleva una condena máxima de 20 años de prisión.
En lo que respecta a la Ley SB3, los legisladores de Texas aprobaron asignar mil 540 millones de dólares, para construir barreras fronterizas y otorgar fondos a las fuerzas policiales, a fin de que puedan cuidar la frontera y los asentamientos de inmigrantes.
De acuerdo al Inmigrant Legal Resource Center (ILRC), la SB4 es una ley estatal de Texas que gobierna las acciones sobre los agentes policiacos y oficiales electos de Texas. La ley SB4 no cambia las leyes de Inmigración, porque Texas no tiene el poder de cambiar leyes federales de inmigración, o que pueda decirle al Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE), o un agente fronterizo qué debe hacer.
En general, la ley SB4 requiere que los agentes de la policía local cumplan con las órdenes de retención por parte del Departamento de Inmigración y Aduanas, y prohíbe a cualquier pueblo o condado o agencia de Texas de limitar su asistencia al Departamento de Inmigración y Aduanas, o a un agente fronterizo.
Respecto a la Ley SB3, al destinar mil 540 millones de dólares para la edificación de dichas barreras fronterizas, los contribuyentes que radican en Texas, deberán pagar entre 20 y 30 millones de dólares por milla de muro fronterizo, según el diario de debates que compartió el congreso norteamericano.
Al ser frontera con Estados Unidos, Chihuahua es uno de los estados con mayor flujo migratorio hacia aquel país, lo que constituye una serie de retos en materia social y en seguridad, pues los migrantes están expuestos a ser víctimas del crimen organizado, además de que viajan en condiciones críticas, sin alimentación, ni agua potable y están en riesgo de contraer enfermedades por las condiciones climáticas.
Tomado de: El Diario de Chihuahua