La respuesta de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en un discurso transmitido por radio y televisión el miércoles, fue la primera oposición concreta de un dirigente de la región al plan de Trump de devolver a millones de ciudadanos latinoamericanos que viven en Estados Unidos.
La amenaza se produjo cuando los ministros de Asuntos Exteriores tenían previsto reunirse a finales de este mes para abordar la cuestión de las deportaciones.
“Frente a una actitud hostil de expulsión masiva de nuestros hermanos, tendríamos que considerar un cambio en nuestras políticas de cooperación con Estados Unidos, especialmente en el campo militar”, dijo Castro.
“Sin pagar un centavo, por décadas”, añadió, “mantienen bases militares en nuestro territorio, que en este caso perderían toda la razón de existir en Honduras”.
El secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, dijo después que la presidenta hondureña tenía potestad para suspender sin la aprobación del Congreso del país un acuerdo de décadas con Estados Unidos que le permitió construir la base aérea Soto Cano y operar desde allí la mayor fuerza militar estadounidense en Centroamérica.
La medida supondría graves riesgos para el pequeño país, que depende de Estados Unidos como principal socio comercial y fuente de ayuda humanitaria.
Trump prometió deportar rápidamente a los inmigrantes indocumentados cuando asuma el cargo, pero su equipo de transición no ha compartido ningún plan concreto, lo que ha levantado dudas en los gobiernos latinoamericanos incluso mientras intentan prepararse. Trump también prometió imponer un arancel del 25 por ciento a México y Canadá si no detenían el flujo de inmigrantes y fentanilo hacia Estados Unidos.
La mayoría de los gobiernos de América Latina, incluido el de México, se han esforzado por mantener una buena relación con Trump, aunque han tratado de hacer hincapié en las contribuciones que sus ciudadanos hacen a la economía estadounidense, sea cual sea su situación legal.
Esta semana, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reiteró “nosotros siempre vamos a defender que las y los mexicanos contribuyen a la economía de Estados Unidos. No comería Estados Unidos si no fuera por las y los trabajadores del campo mexicanos”.
Los gobiernos también han intentado tranquilizar a sus ciudadanos en Estados Unidos asegurándoles que se están preparando para cualquier expulsión a gran escala. Honduras ha dicho que establecerá consulados móviles, y México creó una aplicación en línea para que sus ciudadanos alerten a las autoridades consulares si corren riesgo inminente de ser detenidos.