Cada día, cientos de personas pasean en medio de un laberinto de imponentes plantas verdes, encendiendo libremente porros y drogándose.
Su humo flotante está destinado a servir como recordatorio a los senadores, que tienen que caminar a través de las columnas para llegar al trabajo. Los legisladores tienen hasta el 15 de diciembre para aprobar una legislación sobre marihuana bajo las órdenes de la Corte Suprema, que hace dos años anuló la prohibición de la mariguana por inconstitucional.
Después de décadas de políticas restrictivas sobre drogas que alimentaron guerras de cárteles mortales, México está listo para convertirse en el mercado legal de cannabis más grande del mundo.
La fecha límite que se avecina ha intensificado el debate sobre exactamente cómo debería ser la legalización y a quién debería beneficiar. Entre las preguntas que persiguen a los legisladores están: ¿Qué tan fácil o difícil debería ser para los usuarios comprar y consumir mariguana? ¿Y deberían las aproximadamente 200 mil familias que la cultivan ahora estar protegidas de la competencia con las grandes empresas extranjeras de mariguana que han estado compitiendo por influencia?
“Tiene un amplio espectro de personas que quieren participar”, dijo Avis Bulbulyan, un consultor con sede en Glendale que ha asesorado a varias empresas estadounidenses que buscan expandirse a México. «La pregunta es: ¿Quién se beneficia de esto?»
Un proyecto de ley que permitiría a las empresas privadas vender mariguana al público probablemente se apruebe en el Senado dentro de dos semanas y luego vaya a la cámara baja del congreso, dijo el líder del Senado, Ricardo Monreal.
Los activistas que plantaron su primera cosecha de mariguana en febrero junto al Senado han criticado un borrador inicial de la legislación por favorecer injustamente a las grandes empresas. Una estipulación es que la mariguana comercial sea rastreable desde la semilla hasta la venta, lo que requeriría pruebas costosas y de alta tecnología que serían prohibitivas para los productores más pequeños.
El proyecto de ley también limita a los productores individuales a seis plantas y exige que cualquiera que quiera consumir obtenga licencias del gobierno.
Pepe Rivera, cuyo Movimiento Cannábico Mexicano está detrás del jardín de protesta, dijo que tales restricciones equivalen a una forma de prohibición y resultarían en la criminalización continua de los consumidores.
«No están pensando en los usuarios», dijo Rivera. «Están pensando en la industria».
Alejandro Madrazo, investigador del grupo de expertos del Centro de Investigación Económica y Docencia de México, dijo que los cabilderos de Canadá y Estados Unidos han desempeñado un papel enorme en la configuración de la legislación, que según él crearía un «mercado gourmet de élite» que beneficiaría a las grandes corporaciones y a usuarios de clase alta.
«Básicamente se trata de revitalizar la prohibición para los pobres, pero crear un mercado legal para las grandes empresas», dijo.