El primer caso fue el de Juan Carlos Álvarez Díaz, de 39 años, quien murió de un paro cardiorrespiratorio; junto a él se localizó una jeringa con la que se le habría suministrado algún químico. Al día siguiente se encontró el cuerpo inerte de Hugo Arath García Robles, de 23 años, también fallecido por intoxicación por sustancias.
Al respecto, el fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, confirmó que Juan Carlos fue inyectado con una sustancia, pero no ha logrado determinarse si se trata de una droga o algún otro tipo de toxina. En este sentido, manifestó que se indaga si el caso pudiera tratarse de un homicidio.
También siguen en proceso los análisis periciales para tener certeza plena de lo que ocurrió con ambos internos. Debido a que no se ha concluido con la determinación de las causas de muerte, sus actas de defunción aún no han sido expedidas.
El funcionario reconoció que, aunque no debería haber drogas al interior de los centros penitenciarios, sí llega a darse el ingreso de narcóticos. Por este motivo, aseguró que se ha implementado un operativo para detectar sustancias ilícitas y se reforzaron las medidas de seguridad para evitar que sean introducidas en las cárceles.
El último operativo efectuado dentro del Cereso 1 fue el martes 23 de abril de 2019, cuando la Fiscalía General del Estado, en conjunto con las fuerzas federales, hizo un recorrido por las diferentes áreas como módulos, áreas comunes, patios y otras, a fin de verificar las condiciones en que se encuentra este centro penitenciario.
Como resultado de la intervención se incautaron 17 armas punzocortantes hechizas, pero a decir de las autoridades, no se localizaron otras situaciones anómalas, como “fosas” ni actividades ilícitas que se realizaran desde el interior del penal.
El incidente más reciente presentado dentro de este penal ocurrió en noviembre de 2021, cuando pandilleros arraigados en los módulos 6 y 7 se enfrascaron en una riña que dejó como saldo a dos lesionados por golpes. Fierro Duarte descartó en ese momento que se tratara de un motín.
Actualmente, el Cereso de Aquiles Serdán cuenta con una población de 2 mil 727 personas, lo que representa un sobrecupo del 40 por ciento. Esto, a decir de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), genera problemas de autogobierno y de seguridad debido al riesgo latente que significa la gran cantidad de internos.