En un primer análisis, el juez consideró que la Nómina Secreta o la Caja Chica no puede ser considerada como un invento del personal o una ficción pues existe una relación de hechos de cómo salía e ingresaba el dinero, además de testigos imparciales que se dieron cuenta de ello.
Durante su exposición en la audiencia de vinculación de Maru Campos, Rodrigo De La Rosa y María Ávila, el juez de control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez mencionó que además existieron personas que admitieron ante la autoridad correspondiente recibir dinero por instrucciones de César Duarte, tales como Armando Cabada, Hortensia Aragón, Teokali Hidalgo y Guadalupe Aragón.
Expuso el juzgador que la forma en obtener el dinero «líquido» fue primero a través de la expedición de cheques de la Secretaría de Hacienda, posteriormente fue a través de contratos fraudulentos, pero también eran intercambiados en el servicio Panamericano y el dinero líquido era entregado por disposición de César Duarte o el titular de la dependencia.
Además, el juez Mendoza Rodríguez asumió como auténticos los 34 recibos que aparecieron sobre el caso de la nómina secreta, pues la Fiscalía realizó la certificación y cotejos correspondientes, mientras que la defensa no refutó correctamente.
Durante la audiencia de vinculación a proceso de Maru Campos, Rodrigo De La Rosa y María Ávila, el juez mencionó que a pesar de que los recibos fueron publicados en un medio de comunicación, la Fiscalía General del Estado se dio a la tarea de realizar todos los cotejos correspondientes con escrituras que el notario Número 4 inscribió ante el Registro Público de la Propiedad y coincide con la firma de Luis Raúl Flores, titular de la notaría.
“He asumido el documento como auténtico en primer término pues cuenta con la certificación de un fedatario público y porque esta certificación en su forma de obtención a través de un particular, es por cierto, que la Fiscalía practicó los dictámenes periciales correspondientes, mientras que la defensa no se realizó de manera eficaz un ejercicio de prueba que establece el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales”, dijo el juez esta noche de jueves.
Desde el 27 de noviembre, la Fiscalía General del Estado buscó que Campos Galván compareciera por este caso, en el cual César Duarte a través de colaboradores o él directamente desviaba recursos públicos para entregarlos en efectivo a políticos, líderes sociales, empresarios, entre otros, esto para obtener favores en el ejercicio del poder.
El Ministerio Público acusó a Maru Campos de recibir 9.3 millones de pesos de forma irregular entre los años 2014 y 2015, esto para aprobar bursatilizaciones y cuentas públicas, de dicha cantidad 7 millones fueron para el entonces diputado César Jáuregui, 1.2 millones para ella y el resto para su hermano Manuel.
Sin embargo, de acuerdo con el criterio del juez, la Defensa no pudo contrarrestar los argumentos del Ministerio Público, ya que este último presentó documentos firmados por la alcaldesa con licencia, narrativa de testigos protegidos, testigos, y dictámenes firmados.
Por lo anterior decidió vincular a proceso a Maru Campos, María Ávila y Ridrigo De la Rosa por el delito de Cohecho Pasivo, supuesto estipulado en el artículo 269 del Código Penal del Estado de Chihuahua.
Hasta el momento, no fija tiempo para la investigación complementaria.
El impartidor de justicia aclaró que esta vinculación a proceso no viola su principio de presunción de inocencia, por lo que solo accede a otra etapa procesal en donde la defensa podrá acceder a más elementos de prueba y defender la inocencia de sus representados.