“Las organizaciones Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (Cedehm), representantes de la familia y coadyuvantes en el juicio, esperamos que se haga justicia en el caso de Julián y su hijo, que se sancione adecuadamente a todos los responsables y que se logre una reparación integral que incluya medidas de no repetición.
Desafortunadamente, el caso de Coloradas de la Virgen es el reflejo de lo que viven muchas comunidades indígenas en nuestro país, por lo que el caso no debe quedar impune”, apuntaron.
Expresaron que la comunidad indígena rarámuri de Coloradas de la Virgen ha mantenido por décadas una digna defensa de su tierra, territorio y recursos naturales, frente a un grupo de caciques que buscan despojarlos de éstos.
En total, contando a Julián y Víctor Carrillo, 10 integrantes de la comunidad han sido asesinados: Cenón Torres Palma (1966), José Fontes Valdez (1977), Julián Baldenegro Peña (1986), Juan Molina Gastelón (1989), Lucio Carrillo Torres (1990), Cirilo Portillo Torres (1992), Martín Torres Molina (1992), Isidro Baldenegro López (2017), Víctor Carrillo Carrillo (2016) y Julián Carrillo Martínez (2018).
Julián Carrillo fue un destacado líder de su comunidad, quien en su papel de presidente de Bienes Comunales, asumió la denuncia activa frente a diferentes instancias estatales y nacionales sobre la situación que vive Coloradas de la Virgen, situación que le trajo como consecuencia múltiples amenazas de muerte, por lo que junto con otras personas, solicitó su incorporación al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en febrero de 2014.
Luego de ser incorporado al Mecanismo, el análisis de riesgo que debía realizarse para determinar las medidas idóneas para su protección, demoró más de un año y no fue hasta que se promovió un amparo que éste se llevó a cabo.
Luego, como medidas para su protección se le otorgó un teléfono satelital y se le ofreció acompañamiento de la policía para sus desplazamientos fuera de la comunidad, siempre que diera aviso con 72 horas de anticipación.
A pesar de encontrarse protegido por el Mecanismo y aunque el gobierno conocía la situación de grave riesgo en la comunidad, las amenazas no cesaron y en febrero de 2016, a escasos 300 metros de donde se encontraba Julián, su hijo Victor Carrillo fue asesinado.
Después, su vivienda fue incendiada y se intensificaron las amenazas de muerte contra Julián con el claro propósito de inhibir su activismo.
Ante esta situación, Julián salía temporalmente de la comunidad para salvaguardar su vida y, en octubre de 2018, con motivo del fallecimiento de una de sus hijas, regresó a Coloradas de la Virgen.
Fue entonces que un grupo de personas armadas que habían estado acechándolo durante los días previos, finalmente lo asesinaron.
Al día de hoy, ante la impunidad y falta de garantías de seguridad en la comunidad, un número importante de sus integrantes se encuentran en condiciones de desplazamiento forzado.
El asesinato de Julián ocurrió también en el marco de la Alerta Preventiva para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, vigente en Chihuahua hasta el día de hoy. Tanto esto como el que fuera beneficiario del Mecanismo motivó diferentes pronunciamientos de organizaciones e instancias nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos, condenando su asesinato.
El estado de Chihuahua ocupa uno de los primeros lugares a nivel nacional en agresión a personas defensoras de derechos humanos y, salvo en el caso de Isidro Baldenegro, todos se encuentran en impunidad.
El juicio de Julián Carrillo, que comienza mañana, es el segundo caso en el estado de una persona defensora de derechos humanos asesinada que llega a los tribunales.