Al 10 de octubre de este año, son ya 255 cuerpos depositados en ese espacio llamado la fosa común. Suman 2 mil en los últimos 15 años, de acuerdo con datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.
“Son los cuerpos de nadie”, dice Salvador Salazar Gutiérrez, sociólogo y profesor-investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), al referirse a los restos de quienes nunca han sido buscados o los pendientes de entregar.
El fenómeno, dice, es un reflejo de la problemática que genera la violencia y la migración no solo en esta frontera, sino en los lugares desde donde llegan los desconocidos para morir aquí.
Ese cúmulo de muertos sin identidad se generó a partir del 2004, cuando las autoridades estatales comenzaron a utilizar ese cementerio para depositar los restos humanos de quienes no son reclamados por sus familiares.
La cantidad de personas que fallecen sin que las autoridades logren establecer de forma fehaciente sus nombres creció durante los años recientes, y con apenas casi 10 meses trascurridos este 2019 acumula ya el número más alto en los últimos 15 años, se desprende de la estadística proporcionada por personal del Servicio Médico Forense (Semefo).
La situación se registra a la par de un diagnóstico que elaboró el Gobierno Federal acerca del estado que guardan los Semefo en el país, cuyas condiciones se resumen en el título del estudio: Acciones para Atender la Emergencia Forense.
El análisis, que fue hecho público en junio pasado, explica que la cifra de personas fallecidas que ingresan a los Semefo del país se incrementó durante los años recientes, pero las capacidades forenses no se desarrollaron para atender la magnitud del problema y ahora resultan insuficientes los servicios periciales para lograr su identificación, circunstancia que genera una crisis.
Ante el crecimiento en los niveles de homicidios y personas desaparecidas, las necropsias no practicadas o especificadas aumentaron de forma concordante, lo que derivó en una sobrecarga para los servicios médicos forenses y periciales, se reporta.
Cifras oficiales del Semefo y de la FGE de Chihuahua establecen que del 2004 al 2015 fueron sepultadas en el área de la fosa común del panteón San Rafael 1 mil 157 personas sin nombre.
A esa cifra se le suma los 244 cuerpos inhumados en el 2016; 108, en el 2017; 236, en el 2018 y 255, en el 2019. En total, son 2 mil los cadáveres que fueron depositados ahí ante la imposibilidad de establecer de forma científica quienes eran.
Los niveles de los últimos cuatro años resultan mayores que los registrados durante la crisis de inseguridad que se vivió aquí: en el 2008 fueron enterrados 177 restos humanos que no fueron reclamados; en el 2009, llegaron a 180; para el 2010 fueron 142, en el 2011 fueron inhumados 145 y en el 2012 sumaron 64, de acuerdo con reportes oficiales.
UNO MENOS ENTRE LOS CUERPOS DE NADIE
Las flores y una cruz de madera dispuesta sobre un sepulcro lo hacen muy diferente de todos los demás que están a su alrededor, es la de Oscar Tapia, a quien sus familiares rindieron tributo adornándola.
El hombre, quien murió en el 2018, es uno de los pocos que cuentan con una identidad entre las tumbas individuales de quienes se desconoce sus nombres.
En torno al sepulcro de Tapia se aglomeran montones de tierra coronados con columnas o bloques de concreto, pintados de blanco con los números que les fueron asignados a los restos humanos a través del Sistema de Ingresos y Egresos de Cadáveres (SIEC).
LOS SIN NOMBRES
El 122-SIEC-10212019-37 F.I. 3C Mayo 2019 MNI… se lee en uno de los bloques colocados sobre los montones de tierra que sepultan el cuerpo de un de los sin nombres. Por ahora, esa es su identidad. A su alrededor lucen los bloques con otros números y letras con los que se identifican en la lista de los muertos no reclamados.
Salazar Gutiérrez considera que al hacer visible el número de restos humanos sin identificar y reclamar, se convierten en los “cuerpos de nadie”.
“Nos da cuenta de un contexto en donde el incremento (de fallecidos sin identificar) es la evidencia contundente de que la violencia sigue estando presente en diversas expresiones, aun y cuando algunos no hayan perdido la vida asesinados, pero a final de cuentas en general sigue presente”, declara el sociólogo.
El entierro múltiple más reciente de personas sin identidad en Ciudad Juárez se realizó los días 10, 11 y 12 de octubre, cuando se dispusieron en fosas individuales 149 hombres y ocho mujeres, dio a conocer personal de la FGE.
De acuerdo con los informes médico-periciales, 78 fallecieron por causas naturales en hospitales, mientras que 77 fueron asesinados y dos murieron por intoxicación de monóxido de carbono.
Agrega que todos cuentan con análisis dactilares o lofoscópicos, odontológicos, antropométricos, perfil genético y fotografías para facilitar un eventual trámite de reconocimiento o alguna investigación por parte del Ministerio Público.
De esta manera, explica, se mantiene el control y registro de los cuerpos que ingresan al Semefo, así como su destino final para evitar la saturación de las instalaciones derivado del abandono social y diversos factores.
Mediante el SIEC, explica el portavoz de la FGE en la zona norte, Alejandro Ruvalcaba, los cuerpos podrían ser identificados por sus familiares ya que se cuenta con material genético para realizar las pruebas conducentes.
Una de las hipótesis que maneja la autoridad estatal para que se presente este fenómeno, es que muchos de los fallecidos provienen de fuera de la ciudad y los matan o fallecen por enfermedad sin que haya aquí quien reclame sus cadáveres.
Para Salazar Gutiérrez, la existencia de cadáveres sin identificar es una prueba de la violencia que se registra aquí y en otros lugares que incide en el desarrollo de la ciudad.
“Pensábamos que el escenario de la violencia, secuestros extorsiones y homicidios ya había quedado un poco en el pasado, pero lo que nos muestra es que sigue presente en la experiencia cotidiana en la frontera”, explica.
José, un trabajador del panteón San Rafael, coincide con esa perspectiva.
“A lo mejor a ellos les lloran en otra parte”, declara cuando se le pregunta si ha visto a personas que visitan la zona de la fosa común, donde los cadáveres son enterrados en fosas individuales.
Mencionó que la creencia general es que esos muertos no son de la ciudad, sino que llegan de otros lados, pero mueren y nadie los reclama: “vienen a parar aquí porque los tienen que enterrar”.
El hombre concede que es posible que algunos si tengan parientes aquí, pero su familia no se da cuenta que se mueren o que los matan, así que tardan días, semanas, meses o años para identificarlos, aunque en ocasiones omiten reclamarlos y los dejan tal como están.
Para ejemplificar el hecho muestra una placa de concreto que permanece tirada sobre un montículo de tierra que cubre restos humanos, aparece el registro del SIEC 225-18, pero también un nombre: Rodolfo Morales.
“Es el área que está más sola el Día de Muertos, aunque los encuentren aquí de todos modos los olvidan”, menciona José.
En la actualidad el panteón San Rafael presenta una ocupación un 85 por ciento de su capacidad con alrededor de 63 mil 400 cuerpos sepultados, indican datos dados a conocer por personal de Municipio de Juárez.
DESAPARICIONES IMPACTA EMERGENCIA FORENSE
En la actualidad, dice Salazar Gutiérrez, existe un problema muy serio a nivel nacional y en el caso de Chihuahua es muy grave: la desaparición forzada.
“Como hipótesis, se puede sostener que estos cuerpos son personas que posiblemente fueron privadas de la libertad, ya sea por organismos del Estado mexicano o por integrantes del crimen organizado”, declara.
Habrá otros, añade, que llegan de fuera en condición de desplazamiento forzado frente a las violencias que hay en sus lugares de origen, pierden el contacto y el vínculo con sus parientes, luego enfrentan situaciones en las que mueren, es cuando sus cuerpos entran en la condición de no reclamados y simplemente son depositados en la fosa común.
Sin embargo, considera como indispensable que las autoridades determinen con certeza de dónde vienen estas personas y quiénes son.
“Todos tienen biografías y trayectorias, establecer eso es fundamental”, indica.
El profesor-investigador consideró que la crisis en los servicios periciales es preocupante a nivel nacional y existen estudios que muestran que están rebasados.
En el caso de Chihuahua, aun cuando hay cierto esfuerzo para incrementar el capital humano y establecer infraestructura más acorde también enfrenta una crisis que no permite establecer quiénes son las personas sepultadas en la fosa común.
En el documento Acciones para Atender la Emergencia Forense, se expone que a nivel nacional sumaron 37 mil 443 los cadáveres, entre 2006 y 2017, sobre los que no existe certeza de que se les haya practicado la necropsia.
Se agrega que, hasta el primer trimestre de este año, en el país estaban todavía 8 mil 116 cuerpos in identificar en los 217 laboratorios de genética y 263 anfiteatros que existen en México, los que tienen una capacidad instalada para almacenar 5 mil 71 cadáveres, lo que implica una sobreocupación de 2 mil 945.
El estudio arrojó que de enero del 2006 a diciembre del 2018 se encontraron 2 mil 190 fosas clandestinas, donde había 3 mil 169 cadáveres.
A través del análisis se diagnosticó que prevalece una falta de infraestructura adecuada, suficiente y óptima para el desarrollo de pruebas periciales, así como de personal especializado y suficiente.
Tomada de La Verdad Juárez
(www.laverdadjuarez.com)