La inhabilitación por un año para participar en adquisiciones, servicios, arrendamientos, servicios u obras públicas y el pago de 40 mil pesos fue la sanción dictada por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) para J.C.A.M., particular que presentó documentos alterados para obtener un apoyo económico.
La Auditoría Superior (ASE) presentó la denuncia tras la revisión al Plan Emergente de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas por COVID 19, implementado en el 2020 por el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades del Estado de Chihuahua (FIDEAPECH).
El particular se benefició con 40 mil pesos (mismo monto a resarcir), destinados por el FIDEAPECH como ayuda para el pago de nómina a las empresas que se vieron afectadas por la pandemia. El ahora sancionado presentó 12 recibos por pago de sueldos, supuestamente timbrados por el SAT, y, que al realizar la auditoría resultaron apócrifos.
Los comprobantes citados antes eran requisito central para acreditar la necesidad señalada en el programa ejercido en la Cuenta Pública 2020.
En la sentencia se estableció la conducta como dolosa, pues la alteración de los recibos tenía el fin de solicitar y obtener el beneficio económico, situación que ahora es causa de la inhabilitación y penalidad monetaria.
La resolución del TEJA emitida por la Quinta Sala Unitaria a cargo de la Magistrada Priscila Soto Jiménez fijó la existencia de responsabilidad por la falta grave de utilización de información falsa y notificada a la ASE como parte denunciante.