-Hay indolencia en muerte de mujeres
-Adelanta vacaciones la justicia agraria
Ha circulado en redes sociales una foto de hierba seca al parecer cannabis índica, comúnmente conocida como mariguana.
Tiene múltiples interpretaciones ese paquetito de hierba verde oscura con sus “botoncitos” o semilla adornándola.
Nos dicen que fue en uno de los cruceros de la ciudad donde se ofertó mediante una persona que se ostentó en estado de discapacidad por sordera.
No tiene esta publicación la intención, ni por mucho ni por menos, re-victimizar a las personas en esta condición y que hacen su lucha en las calles de la ciudad, todos ellos gente de bien que tratan de llevar el sustento diario a sus casas.
Más bien se trata de alertar de la presencia de vivales que empiezan a hacer su agosto aun antes de que el proceso legislativo autorice un expendio más libre del estupefaciente.
La reforma mediante la cual se autoriza el uso lúdico y recreativo de tan cotizada hierba aún debe pasar por la discusión y aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados. En estos momentos la compra-venta está tipificada como delito contra la salud.
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Ha sido la postura de Chihuahua de auténtica indolencia ante el tema de los feminicidios, tanto en la prevención, como en las políticas públicas y por supuesto legislativas.
Tuvo que llegar una recomendación nacional e internacional, con presión evidente, para que se atendiera la importancia de tipificar el delito de feminicidio.
Fue el 20 de octubre del presente año en que se atendió la reforma armonizando la legislación estatal con la federal.
Fueron largos cuatro años los que se tardaron los legisladores en atender la urgente necesidad de imponer sanciones al homicidio por razón de género, mediante modificación del artículo 126 bis del Código Penal del Estado.
El hecho fue recordado en una publicación tuitera de Blanca Gámez, la presidenta del Congreso, reaccionando a su vez a la presentación de un monitoreo nacional en materia de tipificación del feminicidio.
Dice la legisladora, textual: “Afortunadamente en #CUU en octubre aprobamos la tipificación del #feminicidio para armonizarlo con el Código Penal Federal, con penas de 40 a 60 años de prisión, además de incorporar 4 razones de género más y sanciones a servidores públicos que entorpezcan investigaciones”.
Y es correcto. Tardaron cuatro largos años en hacerlo, más de 100 feminicidios en la administración corralista, y una alerta de género atorada, que nada más no llega.
Pero hay un agravante adicional.
Si usted consulta en estos momentos la página web del Congreso para verificar que dicha modificación ya aparece, se va a encontrar con un gran chasco. Aún no aparece la reforma.
Revisamos uno a uno los periódicos oficiales y nos encontramos con que se han publicado 13 ediciones ordinarias y extraordinarias, y en ninguna de ellas aparece el importantísimo decreto que tipifica el feminicidio.
Por eso hablamos de una indolencia evidente. No basta con que el Congreso haga su chamba, como lo hizo, “aiga sido como aiga sido”, más vale tarde que nunca.
Pero el decreto no ha sido publicado, responsabilidad del titular del Ejecutivo que se la pasa en viajes de grilla y ocio, en detrimento del elemental trabajo, que es plasmar su firma en los decretos legislativos.
Hasta se ve mal la diputada presumiendo una reforma que sigue sin estar vigente, y con ello Chihuahua permanece en la lista negra a nivel nacional en materia de tipificación del feminicidio.
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La imagen, que mostramos en GPS digital, corresponde a un letrero colocado en el exterior, sobre la pared del edificio que ocupa la Procuraduría Agraria, que tiene su domicilio en Cuauhtémoc.
Pero no es sólo dicha instancia, también el Tribunal Agrario ha decidido suspender sus funciones sin fecha de apertura.
Los asuntos detenidos, para desesperación de los hombres y mujeres del campo, que no pueden continuar o presentar reclamos en la materia agraria, que sin duda es de las más sensibles socialmente hablando.
Es más que elocuente lo que ahí se manifiesta en el letrero, no habrá funcionamiento en las oficinas hasta nuevo aviso, por el semáforo en rojo con alto nivel de contagio de Covid.
Es contrario a lo que han determinado los juzgados del fuero común e incluso los federales, que si bien han reducido sus funciones de atención al público y audiencias, no han dejado de laborar.
Más bien son unas vacaciones muy anticipadas con motivo de la navidad, y con el pretexto idóneo de la pandemia. Ni quien lo niegue.
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La reunión organizada al vapor por el denominado Consejo Estatal de Salud, desgraciadamente es continuar con más de lo mismo.
El desplegado publicado el fin de semana por la Cámara Nacional de Comercio, fue un grito abierto para la constitución de un nuevo pacto social.
Sigue siendo el Consejo un instrumento para autorizar los caprichos del gobernador y seguir las cuestionadas determinaciones que López Gatell dicta desde la federación y que en Chihuahua se asumen a pie juntillas.
Sólo se socializó una de las pantallas de la reunión sostenida en video- conferencia, donde destacan todos los funcionarios del Estado, incluso quienes ni vela tienen en el entierro y se han asumido como operadores en salud, tal es el caso del Coordinador de Gabinete, Jesús Mesta.
Sabemos que hubo más personas en la reunión, pero por las vísperas anticipamos que pudiendo ser más incluyente y realmente crítica la asistencia, se sometió a la exclusión para hacer de la reunión un encuentro cómodo.
Debió al menos llamar a la reflexión el duro posicionamiento de la Organización Mundial de la Salud, que alertó de lo que está ocurriendo en México con la pandemia. Pero ni a ello se hace caso desafortunadamente.
Mucho menos hay oídos para los gritos que desde la calle hicieron decenas de trabajadores de la salud, que reclamaban lo que por derecho mínimo elemental les corresponde, su aguinaldo.
Se preparó en esa reunión del Consejo el naranja matizado que anunciaría más tarde, ayer mismo, Corral.
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Una verdadera locura es la que se vive dentro del Instituto Chihuahuense de Salud Mental (Ichisam), encomendado a la doctora Montserrat Fernández, lo cual fue un error garrafal al que apenas ahora ponen atención los mandos de la Secretaría de Salud.
Supuestamente ya hay una orden para remover a la funcionaria, girada por el Secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, en acuerdo con Javier Corral. Pero aunque la versión del despido tiene varios días, hasta la fecha no se ha concretado en los hechos, pese a la actitud déspota y prepotente de la doctora veracruzana, sobre quien se han acumulado decenas de quejas del personal.
La titular del Ichisam sigue moviendo sus hilos como si acabara de entrar, por más que a los quejosos les digan que ya prácticamente no despacha como encargada de tan delicado organismo que no ha dado la talla en estos tiempos de pandemia.
Fernández López se encargó de llenar las áreas del organismo con amigos sin experiencia alguna en la rama de la salud mental, tal es el caso de Sofía Álvarez, quien con una jefatura gana miles de pesos sin tener una labor específica. Otro caso es el de la administradora Irma Coronado, sobre quien pesan acusaciones de desvío de recursos ordenados por la titular.
Para lograr el control del Ichisam, en cambio, fueron despedidos empleados con gran capacidad y experiencia en el ramo; llegaron los nuevos a desestabilizar al instituto, poniendo en riesgo la salud mental de los chihuahuenses y sobre todo de los empleados que quedaron, situación que se ha perpetuado.
Tal vez, según la denuncia que manda el personal del organismo, el secretario de Salud no tiene el contexto general de lo que ocurre al interior del Ichisam y por eso ha sido lento en su actuar y permisivo al grado extremo. Al grado tan extremo de creer que la doctora supuestamente despedida sigue como titular.