MCCI tuvo acceso a documentos judiciales del caso, en donde se señala que Hugo Buentello Carbonell, quien fuera proveedor en obras de gobierno y además fungió como subdirector de operaciones de Liconsa (un evidente conflicto de interés), es investigado por el delito de delincuencia organizada derivado de contratos irregulares en esa dependencia.
La investigación de MCCI identificó que Buentello Carbonell, siendo funcionario de Liconsa firmó un contrato por 86 millones de pesos con Grupo Vicente Suárez para el abasto de 50 mil bolsas de leche en polvo de las que no existe evidencia de su entrega.
También hizo una adjudicación de 320 millones de pesos con ILAS, multinacional que en 2019 fue vinculada por la UIF con una trama de lavado de dinero a través del envío de alimentos a Venezuela.
Buentello es accionista de Industrias Wohl, titular de la marca de muebles urbanos «Grava y Arena», cuyos productos fueron colocados en distintas obras realizadas en el actual sexenio por la Sedatu, incluido el Malecón de Villahermosa, cuya supervisión está a cargo de Alejandro Castro Jiménez Labora, también amigo de Andy López Beltrán, según reveló hace unos días LatinUS.
Acuerdos dudosos
Como administrador del contrato entre Liconsa y Vicente Suárez, Buentello Carbonell era el encargado de vigilar que las 50 mil bolsas de leche en polvo se entregaran en las instalaciones de Liconsa para posteriormente ser distribuidas en la red de tiendas comunitarias y rurales que tiene la dependencia en todo el país.
Sin embargo, nada de esto sucedió.
En sus informes de la fiscalización de la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que, bajo la vigilancia de Buentello Carbonell, Grupo Vicente Suárez subcontrató el 100 por ciento de los servicios con otra empresa y que Liconsa no proporcionó los entregables respectivos que acreditaran que recibió las bolsas de leche pactadas en el contrato.
Actualmente, los contratos entre Liconsa y Grupo Vicente Suárez 73 son uno de los múltiples casos de corrupción ocurridos en Segalmex que indaga la Fiscalía General de la República.
De las dos personas que firmaron el contrato, junto con Buentello Carbonell, una se encuentra vinculada a proceso y otra está prófuga de la justicia.
Édgar Alejandro Armenta Peralta, quien signó el documento como apoderado de Grupo Vicente Suárez, fue detenido en abril por la FGR y fue vinculado a proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
René Gavira, ex director de Administración y Finanzas de Segalmex que participó como apoderado de la dependencia, se encuentra prófugo de la justicia y cuenta con una ficha roja de Interpol para su localización y captura por múltiples acusaciones que la Fiscalía tiene en su contra.