Durante la audiencia realizada este martes 18 de abril, los abogados de Eduardo llevaron varios oficios firmados por otro de los imputados en este caso, señalando de manera directa al contralmirante Salvador González Guerrero, extitular del INM en Juárez, en los que éste último era el que autorizaba directamente los recursos a utilizar dentro del centro migratorio.
Lo anterior debido a que Eduardo es imputado a raíz de que en él recaía la responsabilidad de dotar a los migrantes asentados en dicho lugar, las condiciones dignas que cumplieran sus derechos humanos durante su estadía en Juárez.
No obstante, el Juez correspondiente alegó que dichos oficios fueron emitidos después del 27 de marzo, es decir, posterior a la tragedia migrante que originó el caso. Es de mencionar que en la presentación de dichas pruebas se utilizaron tres horas de la citada audiencia.
Asimismo, el Ministerio Público federal alegó que la culpabilidad de Eduardo en las causas que tuvo el incendio y los hechos derivados, fue que en la estación de migrantes no se tenía agua potable para 68 personas que estaban dentro de una celda, tampoco había alimento suficiente o los instrumentos suficientes para que la cantidad de centroamericanos pudiera pasar la noche dignamente.
Es de recordar que Eduardo ha sido imputado junto a Juan Carlos M. C., excoordinador de Grupo de Protección a Migrantes Beta Juárez y Cecilia R. T., subrepresentante local del instituto en Rodrigo M. Quevedo (Palomas) por la causa penal 235/2023.