La agrupación encabezada por Edna Jaime presentó vía remota la segunda edición del Observatorio de la Transición 2020, una investigación sobre las capacidades y desempeño de las fiscalías a través del Modelo de Evaluación de la Transformación (Índice MET), que concluye que a nivel federal existe un retroceso en la nueva FGR.
Para Jaime, la coordinación y colaboración de la FGR con otras instituciones es cada vez menor y citó como ejemplo el rechazo de ese órgano a investigar el caso de los 19 migrantes guatemaltecos calcinados en Camargo, Tamaulipas, o el atentado contra el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México, en junio de 2020.
«La Fiscalía y su titular (Alejandro Gertz Manero) han interpretado la autonomía de su institución como una carta abierta para operar sin transparencia, de manera aislada y para darle la espalda a otras instituciones, a la ciudadanía y sobre todo a las víctimas», reprochó Edna Jaime durante la presentación del estudio.
«Los pobres resultados de la Fiscalía General de la República se deben a las deficiencias y omisiones en su diseño institucional, más asociado a la vieja PGR: la Fiscalía no ha incorporado un comité de participación ciudadana, aunque estaba previsto en la Ley Orgánica de 2018; tampoco cuenta con autonomía presupuestaria y de gestión, ni con un plan de persecución penal construido de la mano de la ciudadanía, el cual permitiría saber qué delitos priorizará la Fiscalía para su investigación, por qué y cómo lo hará».
A los deficientes resultados, expuso, se suman los retrocesos que implican la reciente aprobación de la nueva Ley Orgánica de la FGR y sus efectos en el Sistema Nacional de Procuración de Justicia, debido a que, entre otras cosas, elimina la independencia técnica de los fiscales y Ministerios Públicos, y promueve procesos de investigación obsoletos.
De acuerdo con las cifras presentadas por México Evalúa, la FGR cayó en el número de investigaciones iniciadas en el primer año de la actual Administración.
En 2015, la entonces PGR inició 7 mil 725 carpetas; en 2016, 55 mil 150, en 2017, 94 mil 536, en 2018 llegó a un máximo histórico al iniciar 112 mil 636, y en 2019, ya como FGR, cayó a 98 mil 285.
Además, el rezago de la FGR aumentó en 2019 a 71.7 por ciento, cuando en 2018 reportó un 66.3; en 2017, un 62, y en 2016, un 36.2 por ciento.
En cuanto a las carpetas judicializadas, la FGR prácticamente inicia una investigación por delitos que son relacionados con armas y explosivos, que concentraron el 47 por ciento de las indagatorias en 2018 y 64 por ciento en 2019.
Los delitos federales contra la salud y relacionados con narcotráfico están abajo con el 15 por ciento de las investigaciones en 2018 y el mismo porcentaje en 2019.
Los delitos en materia fiscal, huachicol, migración, secuestro, corrupción, medio ambiente y procuración de justicia apenas oscilan entre el 1 y el 4 por ciento de las investigaciones de la FGR.