“En cuanto a los imputados mayores de edad, podrían alcanzar una pena de 50 a 100 años por cada víctima; es decir, aproximadamente 650 años”, dice una ficha de la Unidad Especializada en la Investigación de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la citada dependencia.
La misma obtuvo auto de vinculación a proceso contra los cuatro el pasado 19 de junio.
Los acusados fueron arrestados en flagrancia en un domicilio de la colonia Barrio Nuevo –en el sur de la ciudad– durante un operativo realizado por la FGE en seguimiento a una carpeta de investigación por una denuncia de secuestro agravado.
“Se acredita totalmente la tortura por quemaduras, así como la agresión sexual, en donde la víctima de iniciales J. M. V. T. recibió tres procedimientos quirúrgicos a consecuencia de las quemaduras en segundo grado que presentaba”, indica el parte del Ministerio Público estatal.
“Los presuntos responsables en todo momento aceptaron y relataron su participación en los hechos”, agrega.
De acuerdo con los datos oficiales, los detenidos son Jesús Tomás C. S., de 24 años de edad; Oswaldo P. M., de 19 años; Lilia Estefani C. P., de 22 años y Diana Michell S. V., de 20, así como dos menores de edad –de 16 y 17 años.
A los mismos, encontrados junto con los migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador, se les aseguraron dos armas de fuego cortas y hierba con características propias de la mariguana, por lo que la carpeta de investigación –número 16922/2024– incluye cargos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud en la modalidad de posesión simple, además del secuestro agravado.
Cooperación binacional
La FGE también reportó el 12 de junio que en el operativo participó la Agencia Estatal de Investigación, además de la Unidad Especializada mencionada.
Sobre estas detenciones, el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS, sus siglas en inglés) reportó el pasado lunes haber obtenido información de los probables delincuentes el 8 de junio por parte de dos víctimas que cruzaron al vecino país y, al entregarse a los agentes norteamericanos, reportaron las torturas a las que eran sometidas y que estaban libres debido a que habían pagado rescate.
“Los agentes especiales de Investigación de Seguridad Interior asignados a Las Cruces y la oficina del agregado en Ciudad Juárez desarrollaron información que compartieron con la Policía Estatal de Chihuahua y la Secretaría de la Defensa Nacional de México que ayudó a localizar el escondite”, dice un comunicado de la dependencia norteamericana.